La estrategia que ha adoptado el Gobierno nacional para impulsar sus reformas de fondo sobre la economía nacional son discutidas en el ámbito de la Justicia.

Principalmente, las objeciones se han planteado contra el decreto de necesidad y urgencia en varios aspectos, algunos formales, como la misma inconstitucionalidad de la norma –porque quiere avanzar sobre atribuciones del Congreso-, otras más sectoriales, porque afecta intereses corporativos.

Está claro que el país necesita cambios y que los electores votaron en consecuencia. Pero también es cierto que no puede haber reformas sin el mayor consenso posible, sobre todo, considerando que el oficialismo es débil en cantidad de bancas en el parlamento. Está prácticamente obligado a seducir, negociar y, por ende, a flexibilizar sus posturas.

De esta manera, los llamados quioscos que pretende desmantelar seguirán indemnes.

De igual manera, es controversial y discutible que avance sobre facultades de las provincias, como las licencias petroleras que otorga Mendoza.

La situación más complicada es con el decreto de necesidad y urgencia. O es permeable a abrir el DNU y discutir sus puntos más polémicos o recibirá un revés a poco andar en su gestión.

El todo o nada en este escenario puede tener sus límites y chocar contra la realidad.