La pelea provincias-Nación tiene varios rings. No hay un costado en esta relación desigual, tironeada y conflictiva por donde pueda notarse el avance de una y el retroceso de otra. Lo que puede disimular un poco esta tensión histórica es si el Gobierno local coincide con el signo político de quien está en la Casa Rosada o en sus diferentes reparticiones administrativas.
Lo ocurrido con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el reconocimiento de tierras a supuestas comunidades mapuches ubicadas en el Sur de Mendoza es una muestra de ello. Pero, al menos, en este caso, la Provincia contó con un aval significativo. La Justicia federal con sede en San Rafael aceptó una medida cautelar contra esta iniciativa del instituto por considerar que se avanzaba sobre los derechos de la jurisdicción local, sin consultar previamente e, incluso, desconociendo que se trata de territorios que tienen títulos de propiedad a manos de privados. Es cierto que son zonas donde viven familias radicadas desde hace años a las cuales hay darles una solución al respecto, pero no pueden tomarse estas definiciones sin una investigación histórica correspondiente ni documentación suficiente. Y, sobre todo, sin pasar por arriba de Mendoza.