Un pensamiento caprichoso —y probablemente malintencionado— invita a imaginar una escena tentadora: que el bodeguero Carlos Clement, el mismo que convenció a Federico Sturzenegger de eliminar el aporte obligatorio que financiaba a la COVIAR, avance ahora sobre desafíos mayores. Por ejemplo, que proponga hacer lo mismo con el impuesto al cheque o con el de los combustibles líquidos. Dos tributos mucho más pesados, mucho más distorsivos y, sobre todo, con un detalle nada menor: alimentan directamente la Tesorería nacional cuando al menos uno de ellos se tendría que coparticipar y el otro servir para financiar obras viales y viviendas, lo que dejó de hacer hace dos años.
La escena, claro, es pura ficción. Pero plagada de malicia. Porque una cosa es eliminar un aporte que financiaba a una estructura público-privada del propio sector que muchos cuestionaban claramente, y otra muy distinta es tocar impuestos que sostienen la caja del Estado. En ese terreno, la audacia libertaria suele volverse bastante más prudente.
Lo que sí ocurrió —y con efectos concretos— fue la Resolución 55 de la Secretaría de Agricultura, que eliminó de un plumazo el canon que durante dos décadas financió a la COVIAR y al Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI). Se cree que en todos esos años la corporación administró entre 250 y 300 millones de dólares.
El impacto fue inmediato, pero no uniforme. Porque la vitivinicultura argentina no es un bloque homogéneo. Hace años conviven —y compiten— dos modelos bien distintos. Uno festejó, claramente y el otro se hundió en una crisis, absorto.
De un lado, las grandes bodegas exportadoras, nucleadas en Bodegas de Argentina. Desde allí se festejó fuerte. Con mirada global, lógica empresarial integrada y una apuesta clara por la desregulación. Son las bodegas que manejan marca, volumen y acceso a mercados internacionales. Y aportaron la calidad y la buena fama del vino argentino en el mundo, hay que decir.
Del otro, los sorprendidos con una mala noticia, miles de productores —pequeños, medianos, cooperativistas— que encuentran en la COVIAR un instrumento de articulación, defensa y equilibrio dentro de una cadena que, sin ese paraguas, tiende a concentrarse. Allí la lógica fue otra: sostener al productor primario, preservar el entramado territorial y mantener algún grado de intervención estatal. Y con un fuerte componente político, enfrentados, aunque lo nieguen, a la mirada liberal de Bodegas de Argentina. Unos y otros, el agua y el aceite.
Ese esquema se sostuvo durante años sobre un aporte obligatorio por litro producido, tanto fuese de vino o de mosto. No era voluntario: lo retenía el INV, y su incumplimiento podía inmovilizar a una bodega, como denunció el productor Clement, el mismo que le dio la idea al gobierno para terminar con el tributo y darle un golpe mortal a la COVIAR. Ese flujo constante de recursos financiaba promoción, integración sectorial y, sobre todo, el PEVI. Eso se dijo desde la entidad que administraba los recursos y controlaba el cumplimiento del pago vía el INV.
Ahí está el corazón del problema. El PEVI nació en el 2004 como una hoja de ruta ambiciosa: integrar la cadena, mejorar calidad y posicionar al vino argentino en el mundo. Durante un tiempo, funcionó. Hubo crecimiento, financiamiento internacional y expansión exportadora. Pero tenía fecha de vencimiento: 2020. Y sin embargo, siguió.
La COVIAR lo extendió de hecho hasta 2030, sosteniendo el cobro del aporte sin un nuevo respaldo legal claro. Ese es el punto que ahora toma el Gobierno para intervenir.
La Resolución 55 no solo elimina el aporte. Va más allá: cuestiona la validez de decisiones adoptadas sin la intervención formal de la autoridad nacional. En otras palabras, plantea que el sistema funcionó durante años con una legalidad, como mínimo, discutible.
Ha sido un movimiento técnico, pero sobre todo político. La Nación vuelve a colocarse en el centro, recortando la autonomía de un esquema público-privado que había ganado volumen propio. Y lo hace en línea con una lógica más amplia: menos estructuras intermedias, menos cargas obligatorias, más mercado. Como siempre lo pidió Bodegas de Argentina fracasando en su intento. Ahora Milei y su modelo, la escucharon.
Hay un componente ideológico evidente. Pero también una realidad que hace ruido en algunos sectores: el PEVI no cumplió sus metas. No alcanzó la participación internacional proyectada ni los niveles de exportación prometidos. Y el contexto global —con caída del consumo— no ayuda. Tenía el objetivo de exportar al menos 2 mil millones de dólares y alcanzar una participación del 10 por ciento del mercado internacional. Estaba muy lejos de esa meta, más cuando Mendoza, la gran productora y exportadora apenas alcanzó los 600 millones de dólares en ventas.
En ese escenario, la eliminación del aporte es celebrada por muchos —incluso en voz baja dentro de la propia COVIAR— aunque también abre un interrogante central. Porque lo que se discute no es solo un impuesto.
Es qué modelo va a ordenar el vino argentino: el de la integración regulada o el del mercado desatado. En la era Milei gana el último esquema. A futuro, un gran interrogante.