Por más que parezca una figura surgida de la retórica callejera, lo cierto es que, luego de los últimos acontecimientos, parece confirmarse esa suerte de axioma que indica que nunca nadie va preso cuando de corrupción se trata.

El delito que se le imputó al médico psiquiatra que trabajaba como perito en el Cuerpo Médico Forense es un ejemplo. Y no se trata de tomarse de un discurso de mano dura: la intención de este espacio está lejos de eso. Vale para mostrar la sensación de impunidad que se percibe con hechos como el mencionado.

Se trata de un médico que, a priori, abusó de su posición para sacar un rédito económico personal. Tenía un trabajo que está directamente ligado a las políticas de seguridad que se pueden llevar adelante. En muchas causas, sus informes confirmaban si una persona estaba en condiciones de ser sometida a juicio e ir a prisión. A pesar de haber quedado al descubierto en la investigación, por esas cuestiones procesales y detalles de la pesquisa, la acusación formal fue “en grado tentativa”. En otras palabras: lo atraparon antes de cometer un delito y, por eso, la supuesta pena que cabría en caso de ser encontrado culpable es menor. Es una condición que, en la actualidad, le permitió acceder a la excarcelación.

El punto no es agarrarse de una persona en conflicto con la ley para trata de canalizar todas las demandas vinculadas con la inseguridad. Sin embargo, sirve citar el caso para entender por dónde pasa el reclamo.

El psiquiatra investigado era una funcionario. Como tal, debía asumir ese rol. Es el mismo que se le debe exigir a cualquier empleado público, más allá de la responsabilidad que tenga. Porque siempre, de algún modo, ya sea de manera intencional o por desidia, cuando desde una estructura del Estado se comete una falla, es probable que las consecuencias sean, en proporción, más importantes. Pasó en la provincia con los policías del CEO que ignoraron a quienes alertaban sobre un camionero ebrio. Se supo luego de la tragedia. O los funcionarios que tenían todo a su mano para cambiar el destino de una bebé golpeada. Pero no lo hicieron, y la niña murió como consecuencia de la violencia física e institucional.

Por eso hay que seguir de cerca lo que ocurra tanto con el psiquiatra como con el policía que robo y chocó un patrullero en estado de ebriedad. No se pueden minimizar hechos de estas características. Tampoco se los debe tratar como situaciones aisladas. Es corrupción. Y cuando se entienda que cualquier hecho es grave, tal vez así empiece a cambiar todo.