Un nuevo crimen ha hecho instalar en la agenda pública las situaciones de inseguridad que se viven a diario en la provincia. Pero lo que está como un urgente en los medios es una página común en la vida de los mendocinos que sufren delitos de distinta magnitud. La calle ha vuelto a ser ganada por la delincuencia y el simple hecho de ir a trabajar, que no debería arriesgar ningún problema, termina con otra fatalidad. Semanas atrás, con una banda organizada y dedicada al robo de vehículos. Ahora, un homicidio para robar una bicicleta, perpetrado con una piedra. En la escala que lo quieran ver, estamos desprotegidos.
Es probable que en lo próximo se escuchen los cantos de sirena. Que haya voces que proclamen más endurecimiento en los castigos. Todo eso ya se ha oído y, de hecho, las penas son más rigurosas. La responsabilidad no es sólo de un jefe de policía, sino que es política. Si una patrulla no está operativa porque no tiene combustible o si los operadores no contestan como corresponde ante un llamado de emergencia y no actúan con diligencia, son cuestiones estrictamente policiales.
Pero también por otras razones que tienen que ver con cómo se piensa desde el Estado la prevención, la inteligencia y la represión del delito. Hace 24 años, la dirigencia de Mendoza se puso de acuerdo para fundar las bases de una política de Estado en la materia. Con los años, se fue cayendo, diluyendo, a medida que por las distintas crisis la trama social se degradaba cada vez más. No parece haber voluntad para una nueva concertación. En tanto, esa misma dirigencia tal vez pueda no tener la presión de una manifestación como las que produjeron años atrás y empujaban a hacer los cambios necesarios.