La política asistencialista en Argentina ha estado históricamente intervenida por gestores. Se trata de filtros que se van imponiendo por diversas razones y cuya contraprestación no es gratuita. Por el contrario, estos mecanismos tienen incorporada alguna retribución de tipo económico.
Es lo que ha sucedido con los movimientos sociales a partir de la implementación del plan Potenciar Trabajo. Se podría haber instrumentado como otros planes de carácter social, entre ellos, la Asignación Universal por Hijo. En su lugar, lo que se ha fortalecido es un dispositivo de clientelismo político que es lo que nutre a este tipo de organizaciones, no importa su signo político o que tan cerca o lejos estén del gobierno de turno.
Estos gestores, incluso, ahora también han salido a controlar la inflación. La Casa Rosada dio el visto bueno para que un sindicato, como Camioneros, cuyas prácticas de protesta van en sentido contrario a los reclamos hechos de forma legítima, fiscalice las góndolas para saber si los supermercados se ajustan a los acuerdos que realizan con el Ministerio de Economía.
Al parecer no hubo otra salida más que apelar a estas figuras. Así, la Argentina es un país donde buena parte de los esfuerzos y los recursos se pierden en ese derrotero de gestores que se imponen a la fuerza.