El gobierno provincial quedó entrampado en sus propias resoluciones. El esquema que diseñó para que las tarifas de los servicios públicos se actualicen automáticamente, en una especie de “cláusula gatillo” que sigue los parámetros inflacionarios, chocó con la realidad y antes de dar el segundo paso, tuvo que poner el freno de mano.
A fines del año pasado, por pedido de las distribuidoras, se decretó que la boleta de luz en Mendoza se ajustará cada tres meses, sin necesidad de recurrir en cada oportunidad a una audiencia pública. El sistema debutó en febrero, con un fuerte aumento promedio de 159% para los usuarios residenciales. El 1 de mayo tenía que entrar en vigencia el nuevo cuadro tarifario, pero el Ejecutivo anunció que negocia con las empresas para postergar ese incremento.
A la administración de Alfredo Cornejo le hubiese costado justificar un nuevo ajuste, que desde el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) anticiparon que sería “importante”, teniendo en cuenta la decisión de la Casa Rosada de congelar las tarifas de gas y luz durante el invierno, con el objetivo de apuntalar la desaceleración de la inflación.
El problema es que al pisar el aumento, el Gobierno ingresó en el peligroso terreno de convertirse en “moroso” de las empresas, que tarde o temprano harán valer el exclusivo beneficio que recibieron. Exigirán cobrar y los antecedentes marcan que, al final, esas deudas le terminaron saliendo muy caras a los mendocinos.