La política argentina está atravesada de tensiones. Es incierto cuánto se tardará en acomodarse a este nuevo modelo que se impulsa desde la Casa Rosada, puesto que ya dio aviso que no sólo tirará abajo regulaciones históricas, dejará sin recursos a kioscos “opacos”, sino también ejecutará de manera rigurosa las deudas que tienen las provincias. El conflicto con Chubut es la muestra.
Como se ha dicho, la relación histórica entre un gobierno central y las 24 jurisdicciones ha sido conflictiva, de tires y aflojes, como de parches que se han puesto para tapar otros parches. A una desigualdad entre las provincias, se le sumó un fondo compensador como solución.
Con ese trasfondo, debe ser realmente difícil reordenar las cuentas estatales, tanto por parte de la Casa Rosada, que quiere tirar abajo más de lo que puede con escaso poder político en el Congreso, y los gobernadores, sobre todo, aquellos que recién asumen en territorios mal administrados económicamente, profundamente dependientes de Nación para pagar los gastos corrientes y empobrecidos en más de una manera.
Por ende, las discusiones tienen que pasan al frizer. No pueden seguir por el carril más tóxico de las redes sociales, cruzando amenazas reñidas de inconstitucionalidad o con el código penal.
Las salidas por los laberinos son por arriba. Pero requieren de un pulso más firme para que la primera opción no sea tipear en el celular una chicana, como si no hubiera sobre los hombros de los involucrados las responsabilidades institucionales que se depositaron con el voto.