Uno de los problemas que arrastra el país es la falta de viviendas para una gran cantidad de ciudadanos y familias.
La sanción de la Ley de Alquileres en el 2020 parecía resolver algunas cuestiones en la siempre conflictiva relación que puede existir entre propietarios que ofrecen un inmueble e inquilinos que buscan dónde vivir de la mejor manera posible. Pero ocurrió todo lo contrario. El mercado se vació de opciones y, por ende, los precios se dispararon a las nubes, en medio de un proceso inflacionario que pegaba en el bolsillo por otro lado. En síntesis, alquilar en Argentina es una odisea.
Ahora, las partes que pulsean para hacer cambios en una norma que impactó de manera negativa han vuelto a sentarse en una mesa de negociación bajo el arbitrio del Estado. Hay posiciones antagónicas e intereses particulares en esta búsqueda de mejorar las condiciones de alquiler para unos y otros. Lo que no se puede perder de vista es que hay que ampliar el mercado de alquileres con mejores precios, tanto para unos (los que rentan), como para otros (los que tienen propiedades). Ese debe ser, al menos, el objetivo inicial para llegar a una mejor ley.
Toda esta discusión no puede quedar al margen de las condiciones que complican la vida de los argentinos. Hoy, la batalla está en cómo se bajan los precios. En días se sabrá cuál es el costo de vida de una familia tipo. La vara ha ido quedando cada vez más alta para millones que, además de comprar alimentos, pagar el colectivo y el resto de los servicios y, tal vez, abonar la cuota de un colegio privado, también tienen que alquilar una vivienda.