Uno de los problemas estructurales del país en términos económicos es la incapacidad de generar trabajo genuino. A la par, se ha ido consolidando con el tiempo el mecanismo asistencial de los planes sociales, que, para colmo, están teñidos de cuestionamientos porque, en muchos casos, son manejados y distribuidos arbitrariamente por organizaciones políticas afines al
oficialismo. Al mismo tiempo, no hay incentivos fiscales para que el mercado laboral se fortalezca si no es por vía de los mismos programas.
Un ejemplo de cómo está la situación es la incorporación de unos once mil trabajadores a la planta permanente del Estado nacional que se hizo pública en el Boletín Oficial. Fuera de que los empleados estén sujetos a derecho, de que no necesariamente haya acomodos políticos o de que se trate de las áreas sensibles, lo que queda al descubierto es que sólo se engrosa la plantilla pública, que después hay que alimentar vía impuestos. Mientras, se carece de políticas que permitan mejorar las contrataciones en el sector privado, que es el que genera riqueza y termina, a su vez, solventando parte de los gastos corrientes del sector estatal.
En un año electoral como el que se avecina, cuando a priori se advierte que habrá un recorte en el déficit, también será oportuno generar esas condiciones para disminuir el desempleo y que una buena parte de los beneficiarios de la ayuda oficial puedan volcarse al mercado de trabajo formal.