La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el máximo tribunal del país. En teoría, es la cúpula del sistema judicial argentino y, como tal, se estima que debiera estar integrado por referentes del derecho en sus diversas especialidades. Figuras que se han destacado ya sea por su experiencia en los tribunales, ya sea por su carrera académica. Incluso, por sus fallos, que muestran lo que se requiere del servicio: independencia, consistencia y racionalidad argumentativa, en síntesis.
Por ser una instancia decisiva para el poder, ese ámbito de la Corte siempre está tironeado por intereses. Las reformas que se introdujeron en los 90, por ejemplo, sirvieron para garantizarle al gobierno de turno lo que fue llamado una “mayoría automática”. Más acá en el tiempo, el anterior gobierno estuvo enfrentado al tribunal en varios frentes de batalla, entre ellos, la composición del Consejo de la Magistratura, el órgano que evalúa la conducta de los jueces.
La composición de la Corte actual está en falta por la jubilación de dos de sus miembros, hay que cubrir vacantes. El gobierno actual ya hizo sus dos propuestas, una de las cuales ha generado la reacción no sólo opositora, sino de algunos aliados. Uno de los elegidos es un reconocido magistrado del fuero federal sobre el que pesan sospechas de enriquecimiento ilícito que fueron denunciadas precisamente en el Consejo de la Magistratura.
La Casa Rosada ha plantado bandera contra la casta en sus diversas expresiones. Aunque a veces no queda claro realmente qué es la casta, hay decisiones que parecen ir en la dirección contraria a lo que se enuncia. La postulación del juez Ariel Lijo genera algo más que urticaria republicana. Hay quienes lo identifican con la impunidad, aunque fue el hombre que llevó adelante la investigación de Ciccone que permitió la detención del ex vicepresidente Amado Boudou. Otros apuntan que forma parte de una estructura judicial tensionada por intereses. Y hay quienes recuerdan que uno de esos lugares vacantes debe ser ocupado por una mujer. En este último punto, postulantes sobran.
Si bien todavía falta que el Senado de la Nación convalide estas postulaciones, lo poco que se puede exigir en este país siempre parece mucho: idoneidad e independencia para administrar una de las carencias fundamentales de Argentina. La justicia.