Hay una cuestión que trasciende los gobiernos y es el reparto de lo que les corresponde a las provincias y lo que le toca a la Nación en un país que tiene marcadas desigualdades. En este debate histórico, Mendoza está entre esas jurisdicciones que, aparentemente, son ricas y productivas, pero cuya devolución es menor de lo que reciben otras. Hay una importante producción de hidrocarburos, por ejemplo, y una intensa actividad agroindustrial, sumadas al turismo, pero lo que recibe per cápita no se condice con este aporte.
Uno de esos aspectos donde se ve el desequilibrio son los subsidios y, entre todos estos, lo que el Gobierno local recibe para mantener un precio de boleto de transporte más o menos accesible para los usuarios. En este caso, la mayor parte de la torta le corresponde a la Provincia, mientras que apenas una porción mínima es lo que envía la Nación. Por contrapartida, otras gobernaciones reciben más ayuda, por lo que, de alguna manera, el mendocino termina financiando al usuario de esos lugares.
La discusión es histórica y cada vez que intenta corregirse es porque hay una sintonía política entre las gestiones a nivel provincial y nacional. Cuando no existe esta afinidad y saltan las diferencias partidarias, es cuando más se agudiza la discriminación en el reparto a partir de la arbitrariedad existente. Un debate más amplio y profundo no ha llegado al principal ámbito de discusión y consenso, que es el Congreso. Pero los años y los gobiernos pasan y no hay vocación política para resolver estas disparidades.