El artículo 41 de la Constitución nacional establece que una de las obligaciones del Estado es generar información ambiental. Se entiende, por lo tanto, que debe ser fidedigna. Precisamente, eso se está discutiendo por estas horas en la Legislatura en medio del debate minero.
Se puso en duda la calidad de los datos aportados, y es ahí donde el Ejecutivo debería hacerse presente para garantizar que el expediente que contiene información pública no ofrezca confusiones ni irregularidades. Es la única manera de que la ciudadanía pueda sentir que los organismos de control funcionan y que están más allá de los intereses empresariales. Porque sólo así es posible tener un desarrollo minero en la provincia. Para ello se reclama algo básico: transparencia.