Toda acción política tiene un costo. En algunos casos, se revela con los años, como sucedió con la nacionalización de YPF, que terminó en los tribunales de Nueva York con una Argentina condenada a pagar 16 mil millones de dólares. Otras medidas se sienten en el corto o mediano plazo y se profundizan generando, por ejemplo, inflación.
En Mendoza, en el último año, los alimentos aumentaron su valor un 250%. En el interín, en un periodo de menos de tres meses, entre agosto y diciembre, hubo dos saltos devaluatorios, donde el peso nacional -por supuesto- perdió valor y los salarios se licuaron. Primero, en una carrera a todo o nada por la presidencia, luego, porque la realidad imponía dejar de pisar precios y disminuir la llamada brecha cambiaria.
El costo que se paga en política se derrama hacia abajo, difícilmente pegue más hacia arriba donde se ubica la clase dirigente, que es la que toma precisamente las medidas. La inflación pega sin asco en las costillas de la clase media y baja. En pocos días, tendremos las cifras actualizadas de la canasta básica, que revelarán dónde se resiente más este impuesto a la pobreza: en los sectores indigentes, que tienen poco y nada para poder defenderse de la inflación.
A la par del sacrificio que se exige hacia abajo, sería más que necesario que desde el Gobierno comiencen a tirar salvavidas para morigerar este impacto en los bolsillos.