En la Justicia federal avanzan las investigaciones para determinar cómo se ha manejado durante estos años la asistencia social, que comenzó a profundizarse, primero, por la pandemia de COVID y, luego, por la crisis económica.
La pandemia terminó y algunos números ratifican que, por ejemplo, en el país, la desocupación bajó, pero planes como el Potenciar Trabajo se han mantenido.
La asistencia generada por el Estado para una coyuntura de emergencia persistió y se consolidó porque está montada sobre el aparato de los partidos políticos.
Es el caso del Potenciar Trabajo. El problema es que es tal descontrol, que se investiga por qué hay personas que viajaron al exterior y recibieron esta ayuda, cuando no les correspondía porque estaba destinada a ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica.
La pregunta es por qué esta formidable masa de dinero tiene que pasar por la gerencia de estructuras políticas, que genera relaciones de connivencia partidaria, en muchos casos, forzosas.
También se nota la falta de controles para evitar estas irregularidades.
Acá hay una respuesta simple: el organismo estatal que administra estos fondos millonarios no pueden estar a cargo de quienes están al frente de estos aparatos partidarios.