Durante años, mientras otras provincias mostraban fisuras por todos lados en el manejo de la administración pública y sucumbían a los peores vicios del populismo, Mendoza parecía estar al margen de esa forma de arbitrar el poder. Ya el hecho de que no haya reelección para el gobernador marca una luz de distancia respecto de otras jurisdicciones donde se consolidaron los feudos de familias y no se permite la alternancia en el Ejecutivo.
Sin embargo, lo que está sucediendo en el Consejo de la Magistratura evidencia que hay algo que huele mal en uno de los poderes del Estado, aquel que tiene que administrar el derecho de justicia.
Este órgano es el filtro que deben sortear con capacidad, conocimiento y honestidad quienes quieren llegar a jueces o fiscales.
Por ende, los que estén en ese lugar no pueden actuar con arbitrariedad política, mucho menos usarlo como herramienta para obtener una ventaja, entre ellas, cargos en el Estado.
Hay que poner claridad en este ámbito, porque de buenos jueces depende también cómo se responda a los conflictos más graves de una sociedad.