El concepto de emergencia hídrica es tan conocido para los mendocinos que pareciera que ya no causa espanto. Pocos son los que realmente se preocupan por una situación que es crítica desde hace años y que por ahora no tiene otra solución más que rezar para que las lluvias traigan un poco de calma.
Desde el Gobierno se lanzan campañas masivas para fomentar la concientización y explicar cuáles son los riesgos, pero no va más allá de eso. Se apela al recurso discursivo casi como única respuesta a los problemas.
A pesar de la situación, no existe un sistema de control que esté a la altura de las necesidades de la provincia.
Hacer denuncias por derroche de agua, tanto a Aysam como al EPAS, es perder el tiempo, ya sea porque no son tenidas en cuenta o porque la capacidad de reacción es prácticamente nula. Sólo hay un puñado de inspectores y de esa manera es imposible hacer frente a la cultura desaprensiva que tenemos los mendocinos con el agua, casi olvidando que vivimos en el medio de un desierto.
Se lavan autos, veredas y calles sin que nadie lo advierta, se rompen caños que pueden estar días sin reparación mientras el líquido no para de fluir, y la respuesta, lógica y real, es que no hay personal para hacer frente a esa demanda.
Entonces, ahí sí entran en juego las decisiones políticas que ponen al Gobierno frente a sus prioridades: mientras hay estructuras estatales superpobladas y con personal ocioso, en las que realmente hace falta gente hay todo tipo de limitaciones. Es el eterno problema de la asignación de los empleados públicos, donde la cantidad contrasta con la calidad y las necesidades de gestión.
Tal vez, las culpas por el descuido del agua sean compartidas. Por un lado, está la responsabilidad social, que debe ir más allá del poder de policía que puede ejercer el Estado. Se trata de solidaridad y de entender que la vida de todos depende del cuidado que tengamos. Por el otro, el mensaje que baja desde el sector dirigente, con un divorcio claro entre las urgencias concretas y las medidas que se toman.