Una república funciona con un principio básico: la división de poderes. Dentro de esta sencilla virtud para la democracia hay un elemento que es indispensable para el control de la vida pública.
Se trata de aquellos organismos de control cuya labor es poner la lupa en el accionar de los funcionarios designados, ya sea por el voto o de manera indirecta por un gobierno para la administración del Estado.
Uno de estos espacios es la Oficina de Ética Pública, que es relativamente nueva en la historia política de Mendoza. Su labor es importante porque es la que debe revisar, verificar y determinar si el patrimonio de los funcionarios no tiene graves alteraciones a partir de su desempeño en las áreas del Ejecutivo o Legislativo. Por ende, no sólo debe mostrarse independiente del gobierno de turno, sino también guardar distancia de las mañas de la política, que impide más la transparencia para sentirse cómoda entre lo vidrioso y lo opaco. Sucede, precisamente, cuando las declaraciones juradas exigen un esfuerzo más por parte de un ciudadano en lugar de estar disponibles con un simple click, para comparar qué tenía ese político al empezar su gestión y cómo evolucionó su patrimonio años después. La claridad de estos reguladores del poder público es determinante. Y, por ello, su labor debe reforzarse, tanto con presupuesto como con personal.