La Municipalidad de Guaymallén dispuso la semana pasada la quita de un adicional que cobraban los empleados, en el marco de un complejo escenario de caída de la recaudación. La decisión abrió un foco de conflicto con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soem) que no se mitigó ni luego de que los funcionarios se redujeran su salario un 10% este viernes. Por el contrario, esta semana podría recrudecer con una medida de fuerza que afectaría a distintas áreas de la administración municipal.
“Está todo dado para que en el día miércoles comencemos con la medida de fuerza“, advirtió a El Sol Fredy Funes, secretario sindical, quien aseguró que hasta el momento no hubo comunicaciones con las autoridades municipales.
“Vamos a dejar algunas guardias, en caso de que se desdigan, pero la idea es que todos los compañeros quieran parar“, explicó Funes. Según anticipó, la protesta podría alcanzar a los servicios municipales, la atención al público y la emisión de licencias de conducir, entre otras actividades.
El inicio del conflicto
El conflicto comenzó el jueves pasado cuando las autoridades municipales anunciaron la quita del bono adicional Compensación y Estímulo que representaba unos $325 mil en el ingreso de cada trabajador municipal, que tiene sueldos promedios de $1.500.000.
También habían anticipado recortes en otros adicionales salariales, entre ellos las mayores dedicaciones y las unidades de servicio.
La medida afectaba a unas 3.500 personas. Fue rechazada por el gremio rápidamente y se inició una instancia de negociación. El Municipio aceptó mantenerle el adicional solo a 500 personas, que son las que cobran menos de $1.200.000. Otras 3000 personas sufrirán el recorte.
La rebaja del Ejecutivo en respuesta
Tras la quiebra de la negociaciones paritarias por la quita del adicional (además de no ofrecer un porcentaje de aumento) el sindicato amenazó con las primeras medidas de fuerza. Como respuesta, el Ejecutivo quiso mostrar un gesto de austeridad y se rebajó el 10% del salario de los funcionarios y jerárquicos.
A través de un comunicado oficial, la gestión encabezada por el intendente Marcos Calvente anunció que envió un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para aplicar la reducción que afecta al propio jefe comunal.
Los reclamos del sindicato y la negociación pendiente
La medida no parece contentar al representante gremial. Funes señaló que el conflicto no se limita a la pérdida de ingresos. También cuestionó las condiciones laborales, el estado de los vehículos municipales y lo que considera situaciones de maltrato y persecución hacia los trabajadores.
El sindicato también reclama que se retome la negociación paritaria correspondiente al segundo semestre. Funes cuestionó que, mientras esperaban discutir la actualización salarial, el Ejecutivo avanzara con la quita de adicionales y la restricción del bono. “Vamos por todo. Si no hay un buen llamado, si no hay algo superador y respetuoso, no se habla más“, afirmó.
El dirigente sostuvo que una eventual propuesta superadora debe contemplar la continuidad de las instancias de negociación y los adicionales vinculados a las condiciones de trabajo. Además, advirtió que las restricciones salariales complican la situación de las familias municipales, en particular de quienes tienen menores ingresos.
Caída de la recaudación municipal
La Municipalidad fundamenta el ajuste en la reducción de los recursos disponibles para afrontar los gastos corrientes y las obligaciones salariales de los últimos meses del año.
Según indicaron desde la Municipalidad, los ingresos de la Comuna cayeron entre un 20% y un 30%, en un escenario de menor recaudación nacional y provincial por coparticipación.
Sin embargo, a esta situación se le sumó el incendio del centro de procesamiento de datos municipal, que interrumpió durante cuatro meses la recaudación de tasas y afectó los ingresos del departamento.
El Ejecutivo también atribuyó parte de las dificultades al contexto macroeconómico y a la menor disponibilidad de fondos en los distintos niveles del Estado.
En este marco, el recorte del bono representaría un ahorro de aproximadamente $720 millones mensuales para las arcas municipales. En tanto, la reducción salarial de la conducción política permitiría ahorrar unos $60 millones por mes.
La discusión entre el Ejecutivo y el sindicato se mantiene abierta, aunque las posiciones siguen alejadas. Mientras la Comuna sostiene que necesita ordenar sus cuentas para garantizar el funcionamiento de los servicios, el gremio advierte que no aceptará las quitas sin una instancia de diálogo que contemple el impacto sobre los ingresos y las condiciones laborales.