A estas alturas, es un hecho que la Ley de Alquileres sancionada en el 2019 ha sido todo un fracaso. En parte, porque las condiciones económicas del país alteraron todo lo que podía traer en materia de correcciones y la inflación hizo estragos en las proyecciones anuales. Y, además, la norma exhibió sus fallos cuando el mercado inmobiliario inició su transformación y la oferta comenzó a ser más que escasa. Como todo, en Argentina se arregla con parches y la cámara inmobiliaria ya reconoce que los acuerdos entre las partes se están cerrando por fuera del paraguas legal existente y con el marco previo al 2019. Todas las antenas están puestas para la sesión especial en el Congreso, y se da en medio de una campaña electoral, lo que complica las chances de lograr un acuerdo que convenza a oposición y oficialismo, que busquen, en lugar de la mejor ley posible, un botín electoral para mostrar. Como sea, la nueva norma –si es que prima la razón ante la emergencia de miles de argentinos que tienen que alquilar– tiene que dar previsibilidad tanto a inquilinos como a propietarios a través de un sistema justo y con reglas claras.