La Legislatura provincial aprobó de manera definitiva el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para acelerar los procesos de desadjudicación y recuperación de viviendas otorgadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La nueva ley busca reducir los tiempos judiciales necesarios para que el Estado recupere inmuebles financiados con fondos públicos cuando los adjudicatarios incumplen las condiciones establecidas para acceder y mantener el beneficio.

La propuesta que venía con media sanción de la Cámara de Diputados contó con 26 votos a favor (Cambia Mendoza, La Libertad Avanza, PRO, PD y el ex PJ Duilio Pezzutti) y 10 en contra (el interbloque Encuentro Mendocino, Partido Verde y Fuerza Patria)

La iniciativa apunta a los casos de beneficiarios que dejan de pagar las cuotas, abandonan las viviendas, las alquilan a terceros, las ceden de forma irregular o brindan información falsa durante el proceso de adjudicación. Según argumentó el Gobierno, estas situaciones afectan la finalidad social del sistema habitacional y limitan las posibilidades de acceso para miles de familias que permanecen en listas de espera.

Uno de los cambios más relevantes de la reforma es la incorporación de un nuevo supuesto dentro del procedimiento monitorio previsto en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza. De esta manera, el IPV podrá iniciar juicios de desalojo mediante una vía judicial más rápida cuando exista una resolución administrativa firme de desadjudicación.

Si bien la ley no fija un número específico de cuotas impagas que habiliten una desadjudicación, en la práctica el IPV suele comenzar las intimaciones a partir del tercer mes de mora. A partir de ese momento se inicia un proceso administrativo que puede derivar, en caso de persistir el incumplimiento, en la pérdida de la vivienda y su posterior recuperación por parte del Estado.

La norma establece además que esa resolución emitida por el organismo será considerada título suficiente para promover el desalojo. También dispone que la presentación de recursos administrativos o judiciales contra la medida no suspenderá automáticamente el procedimiento, salvo que una autoridad competente o la Suprema Corte de Justicia ordenen expresamente su paralización.

Los fundamentos

En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo sostuvo que el sistema de vivienda social se basa en un compromiso mutuo. “El Estado facilita el acceso al hábitat y el beneficiario asume el compromiso de pago y la ocupación efectiva”, señala el texto remitido a la Legislatura. Asimismo, advierte que los incumplimientos “desnaturalizan la función social de la vivienda y perjudican a miles de ciudadanos en lista de espera”.

La sanción de la norma se produce en un contexto de mayor actividad del IPV en el control de adjudicatarios. Durante mayo, el organismo publicó en el Boletín Oficial una serie de intimaciones dirigidas a propietarios morosos y ocupantes en situación irregular. Según los registros oficiales, unas 50 familias fueron notificadas para regularizar su situación antes de avanzar con los procedimientos de desadjudicación.

Desde el Gobierno consideran que la nueva herramienta permitirá agilizar la reasignación de viviendas sociales y fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema, en un escenario marcado por una elevada demanda habitacional y recursos limitados para la construcción de nuevas unidades.