La Justicia decidió imputar al titular de Aguas Mendocinas, Humberto Mingorance, en el marco de la causa que analiza la contaminación ambiental registrada en Los Corralitos. La acusación es por “daño agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público y contaminación de agua de modo peligroso para la salud”. Estas figuras penales contemplan una escala de entre 3 y 10 años de prisión.

Además de Mingorance, fueron imputados el gerente general de Aysam, Darío Hernández, y el gerente de Operaciones, Carlos Sifuentes.

La plataforma sobre la que se basó la imputación es la resolución de Irrigación por la cual se multó a Aysam con 120 millones de pesos.

La definición judicial llegó luego de varios días de expectativa dentro del Ministerio Público Fiscal, donde el fiscal Gabriel Blanco y el fiscal en jefe Sebastián Capizzi habían solicitado avanzar penalmente contra el titular de Aysam y otros integrantes del directorio por los reiterados vuelcos cloacales en Guaymallén. La decisión final quedó en manos del fiscal adjunto Gustavo Pirrello, quien terminó avalando el pedido de los investigadores.

“Daño Agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público E.C.R. con Contaminación del agua de un modo peligroso para la salud, Art. 55, 184 inc. 5° y 55 y 57 de la Ley 24.051”, dice la acusación formal.

El artículo 55 de la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos determina que “será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.

Antecedentes de la causa

La causa se fue robusteciendo a partir de denuncias vecinales, informes técnicos y actuaciones administrativas que describieron el escenario crítico en la zona de Severo del Castillo y 2 de Mayo en Los Corralitos.

Vecinos y productores denunciaron la contaminación ambiental en la zona, olores nauseabundos y afectación de cultivos por los derrames cloacales que se extendieron durante meses a lo largo de unos siete kilómetros.

A esto se sumó el colapso de la Colectora Máxima Noreste, que transporta los líquidos cloacales de unas 600.000 personas del Gran Mendoza y que derivó en socavones, desbordes y una emergencia ambiental y sanitaria declarada en la zona desde hace más de un año.

En paralelo al expediente penal, el Departamento General de Irrigación aplicó una multa récord de $120 millones contra Aysam tras detectar vuelcos clandestinos sobre el canal de riego Ramo 12 y considerar que existió una conducta de “gravedad excepcional”.

El avance judicial también generó silencios y repercusiones políticas dentro del oficialismo. Mientras el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, sostuvo que el problema responde a décadas de falta de inversiones en infraestructura sanitaria, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, evitó responsabilizar exclusivamente a la actual gestión de Aysam y aseguró que el departamento “es víctima” de una crisis estructural que lleva años.