Sandra Jaquelina Vargas y sus hijas, complicadas en la Justicia federal.

Sandra Jaquelina Vargas Méndez, la temida “Yaqui” del oeste de Godoy Cruz, quedó nuevamente complicada en las últimas horas en la Justicia federal. Y esta vez, su futuro se presenta más sombrío que nunca. El juez federal Leopoldo Rago Gallo la procesó con prisión preventiva por liderar desde una celda una sofisticada organización narco que utilizaba billeteras virtuales, trasladaba millones de pesos y operaba con la misma estructura de poder familiar que la hizo célebre hace más de una década en las barriadas del citado sector.

La resolución judicial fue contundente: Vargas, de 49 años y presa en el Complejo Penitenciario VI de Cacheuta, fue procesada como jefa de una banda que tenía estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de arma de guerra sin autorización legal.

Pero lo que realmente agrava su situación es que se encuentra purgando una condena de 15 años por lavado de dinero y narcotráfico desde 2016. Este nuevo procesamiento la expone ante una declaración de reincidencia que podría ser devastadora en caso de ser hallada culpable en un futuro juicio, ya sea oral o abreviado: significaría cumplir la totalidad de la nueva pena en prisión, sin posibilidad de acceder a beneficios carcelarios ni salidas anticipadas.

Además de Vargas, sus dos hijas más grandes fueron procesadas (sin prisión preventiva) y también la gente que está imputada como sus “soldados”, mayormente mujeres, que comercializaban las sustancias prohibidas en las barriadas de la zona roja godoicruceña.

La historia de la Yaqui es la crónica de un poder criminal que se niega a terminar. Condenada en 2016 junto a varios miembros de su familia por sembrar el terror en los barrios Campo Papa, Sarmiento, Susso y Los Toneles entre 2011 y 2014, muchos creyeron que su captura en marzo de 2014 había significado el fin de la organización. Sin embargo, nada cambió e investigaciones policiales y judiciales motivaron nuevos operativos y trabajos de calle, principalmente el del viernes 27 de junio de este año.

Desde el penal de Cacheuta primero, y luego desde el Centro de Alojamiento Permanente de El Borbollón -donde gozaba de un régimen abierto con salidas transitorias mensuales- la jefa narco nunca soltó las riendas del negocio. Más aún: lo modernizó de acuerdo con las investigaciones.

La pesquisa de la Policía contra el Narcotráfico (PCN), que trabajó durante casi un año bajo la dirección del fiscal federal Fernando Alcaraz, reveló datos que confirmaron las sospechosas: mientras cumplía condena, Vargas había reconstruido su imperio adaptándolo a los tiempos que corren, principalmente recibiendo el dinero de la venta de sustancias a través de transferencias.

Mercado Pago y Naranja X: las nuevas rutas del dinero

El golpe clave de la investigación fue descubrir cómo funcionaba el sistema financiero de la estructura criminal. A través de billeteras virtuales como Mercado Pago y Naranja X, la banda movía millones de pesos sin levantar sospechas inmediatas. Las transferencias electrónicas permitían que el dinero fluyera desde los “quiosquitos” -puntos de venta de droga incrustados en viviendas humildes de barrios vulnerables, como el Campo Papa o el Solidaridad- hasta las cuentas de los líderes del clan.

Los números hablaron por sí solos: solo Daniela Lourdes Palma Echevarría, una de las principales operadoras detenida en el megaoperativo del 27 de junio pasado, había realizado siete transferencias millonarias a miembros del círculo íntimo de la Yaqui. Una de las hijas de Vargas recibió millones de pesos en su cuenta.

El contraste es uno de los indicios más fuerte de la instrucción: ninguno de los principales sospechosos presentaba empleo formal registrado. Sin embargo, manejaban sumas que evidenciaban una actividad comercial de gran escala. El sistema funcionaba “aceitado”, como definieron los investigadores que hablaron con este diario: cada vendedor, recaudador o eslabón de la cadena sabía exactamente cuánto debía transferir y a quién.

La familia de la Yaqui eran los principales “recolectores” del dinero. Vargas era seguida por los detectives cuando tenía salidas transitorias y sus pasos eran por las casas de las mujeres que respondían a ella en el narcomenudeo.

Un matriarcado del narcotráfico

Si algo caracteriza a la organización de la Yaqui es su estructura familiar y matriarcal. Con ella tras las rejas, fueron las mujeres de su entorno quienes sostuvieron el negocio. Y no cualquier fémina: sus propias hijas, colaboradoras de confianza. Un ejército que operaba bajo su mando, visitándola en prisión para “rendir cuentas” y recibir directivas durante sus salidas transitorias.

El juez Rago Gallo procesó con prisión preventiva a nueve personas más, en un mapa que revela la sofisticación de la estructura:

Liliana Elizabeth Echevarría Masa (52 años) es considerada “la mano derecha” de la Yaqui en el Campo Papa. Pareja de Juan José Piña Marín -el “patrón del barrio”, condenado en 2024 por el asesinato de Kevin Muñoz-, esta mujer se encargaba del almacenamiento, fraccionamiento, venta y recaudación de la droga desde su domicilio en la manzana Ñ de ese asentamiento. Cuando los policías la allanaron, ya estaba con arresto domiciliario por otra causa narco desde septiembre de 2023.

Daniela Lourdes Palma Echevarría (31 años), hija de Liliana, manejaba uno de los “quiosquitos” más activos en el barrio La Esperanza. Cuando la PCN irrumpió en su casa, la escena fue contundente: más de 200 envoltorios de cocaína, varias bolsas con marihuana fraccionada, casi 160 cigarrillos artesanales y 135 mil pesos en efectivo. La droga estaba lista para ser entregada, el dinero guardado en sobres. Sus hijos jugaban en la vivienda como si aquello fuera lo más normal del mundo. El Sol estuvo presente mientras la PCN secuestraba la droga en la barriada.

Gastón Brian Caballero Ramírez (27 años), pareja de Daniela Palma, cumplía funciones de custodia de la droga y mantenimiento del punto de venta. También procesado.

Mauro Jesús Gelvez Vargas (22 años), el único hijo varón de la Yaqui, es quizás el caso más dramático. Nacido el 20 de marzo de 2003, Mauro heredó un destino criminal desde la cuna, tal como reveló este diario en un completo informe tras su caída. Su padre, Cristian Mauricio Gelvez, vinculado a delitos violentos, fue acribillado a balazos a principios de 2014. Desde adolescente, Mauro fue señalado como parte del núcleo duro de la estructura: mensajero, transportista de drogas y siempre armado cuando era necesario.

Los informes policiales lo vinculan con tiroteos en Campo Papa, Los Paraísos y La Esperanza. En enero de 2023 fue baleado mientras circulaba en moto y sobrevivió de milagro. En noviembre de ese mismo año, testigos lo ubicaron en la escena del asesinato de Kevin Muñoz, junto a otros sicarios. Horas antes de su detención, participó de un tiroteo contra la banda rival de “Los Monstruitos”, entendieron los pesquisas. Cuando lo allanaron, le encontraron una pistola Browning calibre 9 milímetros, un cargador sin numeración y municiones de distintos calibres.

Silvina Jaquelina Gelvez Vargas (32 años) y Karen Mariana Gelvez Vargas (28 años), las dos hijas mayores de la Yaqui, también fueron procesadas, aunque sin prisión preventiva. Los investigadores las señalan como parte de la red de recaudación y gestión de transferencias electrónicas.

Pero la banda no se sostenía solo con familiares directos. La Yaqui habría reclutado a jóvenes de los barrios más vulnerables para que operaran los puntos de venta. Eran los “soldaditos”.

Delfina Abigail Correa (21 años) y Gastón Axel Sosa (19 años), una pareja que vivía en el barrio La Esperanza, fueron detenidos con 159 dosis de cocaína fraccionadas, 29 cigarrillos de marihuana, teléfonos celulares y 7.500 pesos en efectivo. Ninguno tenía antecedentes penales. Eran, según los investigadores, los encargados de fraccionar y comercializar las sustancias que abastecían a gran parte de los “quiosquitos” del oeste. Por ese “trabajo” recibían dinero y enviaban transferencias de lo recaudado.

Después de su caída, cuando sus defensores oficiales pidieron detención domiciliaria argumentando que no representaban peligro, la Cámara Federal fue contundente: el riesgo de fuga era alto, podrían entorpecer la investigación y, en caso de condena, la pena no sería de ejecución condicional. Mantenerlos presos fue clave para evitar que la red volviera a rearticularse.

Nélida Yolanda Pérez Ontivero (44 años) fue el punto de inflexión en la investigación. Cuando la PCN allanó una vivienda en el barrio La Esperanza hace unos meses y la detuvieron con material probatorio, la reacción fue inmediata: Daniela Palma se presentó en el lugar reclamando ser propietaria del inmueble. Toda la organización cambió masivamente sus teléfonos celulares como medida de seguridad.

Todos están acuados por tenencia de drogas con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo. En pocas palabras, una banda narco que tenía jefa y distintos roles asignados.

Los hermanos prófugos

Pero la resolución del juez Rago Gallo deja dos nombres en el aire, dos ausencias que la investigación aún continúa: Carlos “Guatón” Vargas Méndez y Luis Alfredo Vargas, hermanos de Sandra y señalados también máximos referentes operativos de la estructura.

Las escuchas telefónicas y las vigilancias los comprometen directamente. En una conversación intervenida el 17 de junio, Liliana Echevarría reveló el peso del Guatón en el movimiento: “Esta mañana me vino a pedir el fierro tempranito. Yo le dije yo no me hago cargo, no vengan a traerme el fierro más, se lo dejas a la María porque después se enojan conmigo el Guatón, que porque están entrando y saliendo de mi casa…”

El 14 de junio, pocos días antes de los allanamientos, los policías detectaron al Guatón ingresando a diversos domicilios que quedaron en la mira. Conducía un Chevrolet Agile dorado. Esa observación fortaleció la hipótesis de que oficiaba como jefe operativo, encargado de elegir a los vendedores y distribuir la mercadería.

Luis Vargas, por su parte, quedó marcado en la causa como el principal proveedor de droga para los puntos manejados por Daniela Palma. Su prontuario es extenso: detenido en 2001 por venta de drogas, salió en libertad condicional en 2002. En octubre de 2010 volvió a caer cuando la policía lo sorprendió cargando 190 kilos de marihuana en una camioneta Ford EcoSport en Guaymallén. Lo condenaron a 7 años y medio de cárcel..

El operativo que lo cambió todo

El viernes 27 de junio a las 13.30, más de 120 policías ejecutaron simultáneamente más de 20 allanamientos en los barrios del oeste de Godoy Cruz. Fue como un déjà vu de lo vivido en 2014: las mismas calles, barrios y apellidos.

Los resultados fueron considerados importantes por la Justicia y la PCN: droga fraccionada en cantidades, armas de guerra, teléfonos celulares, documentación y cientos de miles de pesos en efectivo. Pero sobre todo, la confirmación de que el imperio de la Yaqui no se había desmantelado.

Cuando los policías llegaron a la celda de Vargas en El Borbollón, no encontraron celular. Sin embargo, la investigación había recopilado pruebas durante un año de trabajos silenciosos.