La fiscal de Homicidios Andrea Lazo envió a juicio oral y público a Luciano Matías Eugenio Pereyra Díaz, el joven de 29 años hijo de una reconocida narco acusado de asesinar a tiros a un joven de 19 en una brutal emboscada registrada a mediados de octubre del año pasado en el barrio Belgrano de Las Heras.
La fiscal dio por concluida la investigación hace pocos días y formalizó el pedido de elevación a juicio por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. Sin embargo, la defensa se opuso y será el juez Sebastián Sarmiento el que defina la situación procesal, que podría llegar a demorarse si la “ballata” judicial llega hasta a un Tribunal Penal Colegiado.
El crimen ocurrió el 14 de octubre, cuando Orlando Ramón Rodríguez Rosales, conocido como Kiki, fue interceptado en la esquina de Bufano y Amanecer. Según la acusación, Pereyra Díaz, quien es conocido por tener base en el barrio 26 de Enero y ser líder de un grupo de jóvenes llamados los “Wauchos atrevidos” con su madre, llegó al lugar a bordo de una moto conducida por otro sujeto que no fue identificado en la instrucción, descendió del rodado y abrió fuego contra la víctima, hiriéndola al menos cuatro veces y causándole la muerte en cuestión de minutos. Una de las balas atravesó su aorta ascendente y pulmones, provocándole un shock hipovolémico, de acuerdo al informe del Cuerpo Médico Forense.
Un ataque a plena luz del día
La reconstrucción del asesinato surgió a partir de una decena de testimonios, entre ellos allegados a la víctima, que estaban en el lugar del hecho a las 14 del día citado. Según el relato de los familiares, el joven había llegado minutos antes en una moto junto a un amigo llamado Michael Chacón, cuando se originó una discusión con una vecina, identificada como Yésica.
En medio de la disputa apareció el hermano de la mujer, apodado “Endrogado”, quien exhibía un arma y agredió a Rodríguez Rosales. En ese momento, aseguraron los testigos, arribó Pereyra Díaz, quien, sin intercambiar palabra, le disparó con una ráfaga de disparos de lo que los testigos describieron como un “arma automática”.
“Escuché más de 20 disparos, sonaban como una metralleta”, un familiar directo de la víctima. Otros testigos coincidieron en que el atacante se bajó de la moto directamente con el arma en la mano, disparó sin titubeos y huyó a toda velocidad junto al conductor del vehículo.
La investigación dejó en evidencia el temor que imperaba entre los testigos y vecinos del lugar. Varios familiares de la víctima declararon bajo reserva de identidad debido a las amenazas recibidas por parte del entorno del imputado. Debido a esto, sus identidades no se dan a conocer.
Tal como declararon y lo vienen demostrando varias investigaciones policiales y judiciales, Pereyra Díaz y su familia son conocidos en la zona por actividades vinculadas al narcotráfico. Es más, el joven ha sido condenado por ese delito y también su madre, María Belén Díaz, conocida como “Madre Belén”, cuya última captura se produjo en abril del año pasado luego de un caótico operativo en el barrio 26 de Enero.
“Después del asesinato, el hermano de Luciano pasaba en un auto blanco y se pasaba el dedo por el cuello cuando me veía”, declaró una familiar directo de la víctima. En esa misma línea, indicaron que algunos testigos clave, como uno conocido como “Pipo”, recibieron amenazas y hasta habrían sido sobornados para modificar sus declaraciones. Incluso, por lo que surgió de las testimoniales, sospechan que le habrían entregado un arma como pago.
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La defensa del imputado
En su declaración, Pereyra Díaz negó haber participado del homicidio y aseguró que durante el horario del crimen se encontraba cumpliendo tareas en la Municipalidad de Las Heras, específicamente en el CEDRIS N°14. Presentó registros de ingreso y testigos de su entorno laboral que intentaron respaldar su versión.
Sin embargo, la fiscal desarmó esa coartada en la elevación a juicio al demostrar que el imputado pudo haberse ausentado por unos minutos sin ser advertido y regresado rápidamente, ya que el lugar del crimen estaba a menos de cinco minutos de distancia.
Incluso, dos testigos de la defensa afirmaron que Pereyra trabajó el 16 de octubre, cuando en realidad ese día no se presentó, según el registro biométrico de la Municipalidad. La fiscal Lazo destacó en las conclusiones de la instrucción, que tales contradicciones, sumadas al vínculo personal con el acusado, restaban credibilidad a sus dichos.
Además, un informe psicológico determinó que Pereyra Díaz “maneja la información de acuerdo con sus intereses”, tiene baja tolerancia a la frustración y presenta predisposición a reaccionar con violencia frente a situaciones de tensión.
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Peritajes, 911 y evidencia balística
La escena del crimen fue relevada por peritos de Policía Científica y personal de la Unidad Especial de Patrullaje departamental (UEP). Se hallaron once vainas servidas calibre 9 milímetros, manchas de sangre y restos de proyectiles.
El estudio balístico confirmó que todos los casquillos fueron percutidos por una misma arma. También se incorporaron registros de las comunicaciones al 911, que comenzaron a las 14.05 con múltiples alertas vecinales sobre el tiroteo. Varias llamadas describieron el ataque como una ráfaga de “metralleta”.
La autopsia, por su parte, determinó que el Kiki recibió cuatro impactos con orificios de entrada distintos, y sufrió un daño letal en la aorta ascendente. El informe forense indicó que los disparos se efectuaron a una distancia no menor a 70 centímetros, lo que coincidió con la descripción de los testigos sobre la ejecución a quemarropa.
El trasfondo del crimen, concluyeron los pesquisas, podría estar vinculado a conflictos entre vecinos por robos de materiales de construcción y posibles amenazas previas. Según los familiares de la víctima, Rodríguez Rosales había discutido días antes con la pareja de Pereyra y con la hermana del “Endrogado”, a quienes acusaba de estar detrás de los robos.
Una de las hipótesis principales de la causa es que el ataque fue motivado por un supuesto agravio contra la pareja del acusado, quien habría afirmado que Rodríguez Rosales la amenazó con un arma. Esta versión fue transmitida a través de terceras personas, y reforzada por la propia familia del imputado, en una suerte de justificación informal que jamás se formalizó ante la Justicia.
Con todos estos elementos, la fiscal Lazo consideró que existían pruebas “suficientes, coherentes y concordantes” para sostener la responsabilidad penal de Luciano Pereyra Díaz, y solicitó que se siente en el banquillo de un debate por jurado por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, una calificación que podría costarle varios años de cárcel.