Así quedó la vivienda luego del procedimiento.

Los dos policías de la Policía Rural detenidos e imputados por un polémico operativo ocurrido en una vivienda del barrio Renacer, en Maipú, volverán a presentarse ante la Justicia este lunes por la mañana, en el marco de una audiencia clave.

El trámite, de carácter de control jurisdiccional, fue solicitado por la defensa de los uniformados, quienes buscarán que sus clientes recuperen la libertad mientras avanza la investigación en su contra.

Se trata del oficial inspector Diego Daniel Prado Aciar y del oficial ayudante Juan Ignacio Pedernera Miranda, quienes fueron detenidos el pasado 4 de abril tras una serie de allanamientos dispuestos por el fiscal de Robos y Hurtos Oscar Malla.

Ambos permanecían este domingo alojados en un penal de San Felipe y están acusados de haber protagonizado un falso procedimiento para ingresar a la casa de una mujer y llevarse dinero en efectivo y otros objetos de valor

Luego de la imputación, fue citada a declarar una efectivo que también participó del procedimiento pero no fue acusada en la causa, debido a que no ingresó a la morada. Por lo que detallaron las fuentes consultadas por El Sol, su declaración ante el Ministerio Público terminó de confirmar parte de la teoría de que se llevaron elementos personales de la víctima, más allá de que su ingreso a la casa habría estado justificado.

La audiencia fue fijada en el Primer Juzgado Penal Colegiado, ubicado en el Polo Judicial Penal de Mendoza. Allí, la jueza Dolores Gabriela Ramón deberá escuchar los argumentos del abogado defensor Germán Hantow, quien, de acuerdo con fuentes del caso, sostendrá que no hay riesgos procesales que justifiquen en el futuro una prisión preventiva.

No se descarta que también se plantee la posibilidad de un juicio abreviado inicial, debido a que trascendió por fuentes del Ministerio de Seguridad que la permanencia de los efectivos de Rural en la fuerza es casi imposible, más allá del resultado final que tenga el expediente.

Debido a esto, la Inspección General de Seguridad (IGS) continúa trabajando en la causa administrativa y es más que probable que termine solicitando la exoneración de los uniformados, debido a que el accionar durante el operativo fue “dudoso”, detallaron.
También podrán participar las partes en el proceso, entre ellas la denunciante del hecho, Carina Pacheco.

Según la reconstrucción que hizo el fiscal Malla, el hecho ocurrió el 6 de marzo por la tarde, cuando dos uniformados llegaron en una camioneta oficial, patearon la puerta de la vivienda y permanecieron en el interior unos 25 minutos.

Durante ese tiempo, causaron destrozos y se habrían llevado 535.000 pesos, además de otras pertenencias. Todo esto fue observado por vecinos, que luego declararon como testigos.

Prado Aciar y Pedernera Miranda aseguraron que ingresaron en persecución de un sospechoso, pero las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. Inicialmente, de acuerdo con los registros de video y audio del móvil policial, los uniformados no habrían actuado bajo ninguna urgencia ni en el marco de un procedimiento real, sino que habrían ejecutado un ingreso previamente planificado.

De todas formas, esa teoría quedó en duda con el avance de la instrucción y su ingreso podría justificarse; no así el faltante de las pertenencias de la moradora y su familia.

La tercera integrante del patrullaje, una policía que se mantuvo al margen de las acciones, fue citada como testigo clave. Declaró que desconocía la intención de sus compañeros y creyó que se trataba de un operativo legítimo. Esa versión fue tenida en cuenta por el fiscal para no incluirla entre los imputados.

Con los elementos reunidos, la fiscalía imputó a los dos efectivos detenidos por el delito de robo agravado por efracción y por su calidad de integrantes de una fuerza de seguridad. La causa seguirá su curso mientras se resuelve si continuarán presos o acceden a medidas alternativas.