El próximo lunes comenzarán las sesiones extraordinarias convocadas por el Presidente, Javier Milei. En ese sentido, el Gobierno acelera la terminación de un nuevo proyecto de Ficha Limpia para enviarlo a la Cámara de Diputados. La iniciativa será revisada por última vez este viernes antes de ser enviado al Congreso.
El documento tiene como base el proyecto que presentó la diputada nacional del PRO, Silvia Lospennato. Pero en la nueva propuesta participaron el ministro de Defensa, Luis Petri y del abogado, Alejandro Fargosi, cercano a Patricia Bullrich.
Entre los principales cambios que presentará el documento es sobre los tipos de delitos que impedirían a los dirigentes políticos presentarse a las elecciones. En este punto, Fargosi planteó que la prohibición de competir no debe limitarse solamente a los casos de corrupción, sino también a otros ilícitos, como abusos sexuales o diferentes crímenes.
Sin embargo, este planteo ha generado diferencias entre los diputados tanto del PRO como de La Libertad Avanza, ya que consideran que esto abre una puerta a que se presenten denuncias falsas con fines políticos. En el oficialismo consideran que la idea central del proyecto debe ser evitar “cualquier tipo de proscripción”.
La iniciativa original de Lospennato incorporaba el inciso h) al artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (Ley 23.298), que impedía ser candidatos a cargos públicos electivos a “aquellas personas condenadas por delitos de corrupción, aun antes de que sea ejecutoriada, y siempre que la sentencia provenga de un tribunal de segunda instancia”.
Entre los delitos considerados se encontraban Cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales (es decir, la exigencia de impuestos fuera de la norma), enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y encubrimiento.
A su vez, se incluían los ilícitos que sean incorporados al Código Penal de la Nación o por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
También, el hecho previsto en este inciso se extendía desde la sentencia condenatoria en segunda instancia hasta su eventual revocación posterior. O bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.
En su momento, el proyecto no logró el cuórum necesario para que se trate en el recinto, pero desde el Gobierno se comprometieron en enviar una nueva propuesta sobre el tema.
Antes de que comience las sesiones extraordinarias, el oficialismo convocará a los presidentes de los bloques dialoguistas de Diputados para consensuar una serie de puntos a tratar durante este periodo.