El Gobierno de Javier Milei prepara el decreto que establecerá las nuevas medidas de control de gastos y registros contables de las universidades públicas. Los reportes deberán ser cargados en un portal oficial a cargo de la Jefatura de Gabinete. En la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) rechazan la medida porque aseguran que las casas de estudios son unidades autárquicas.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto con el secretario de Educación, Carlos Torrendel son quienes están en la elaboración del decreto que será emitido en los próximos días. En el documento, el Ejecutivo quiere imponer que las universidades hagan sus compras y contrataciones a través de los portales “Comprar” y “Contratar”.
Este sistema que utiliza el Estado para abrir licitaciones, realizar contratos de locación y adquirir materiales. En Casa Rosada exigirán que las universidades dejen el Sistema de Información Universitaria (SIU-Pilagá) para que adhieran al Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF) para poder registrar la gestión del presupuesto y la ejecución del gasto.
También habrá modificaciones en los métodos de contratación entre distintos organismos del Estado, como ministerios y universidades. De este modo, se evitará que las casas de estudios acudan a la contratación directa y buscan centralizar los procesos a través de licitaciones, que tengan la intermediación de Educación.
En la Universidad de Buenos Aires (UBA) rechazan la medida que impulsa Sturzenegger y Torrendel porque aseguran que “los entes autárquicos no están atados a las disposiciones del Ejecutivo”. En ese sentido, no descartan una judicialización del decreto porque “no se cumple con el marco legal actual de la Argentina”.
Ante la amenaza judicial de la UBA, en Casa Rosada ya daban por hecha esa reacción porque “no presentaron ninguno de los documentos para que los auditemos”. A su vez, se muestran confiados porque aseguran que el decreto que emitirán “tuvo varias revisiones” y será “difícil” que la Justicia pueda “encontrarle fallas”.
Tras el rechazo por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3 de que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) intervenga en las auditorías a la UBA. El Gobierno apunta a que las universidades “tengan que cumplir los mismos estándares que en la administración pública” para sus compras y contrataciones.