Norma Llatser, la candidata para sumarse a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, figura como afiliada a un partido político de la provincia desde 2002. El dato, que se desprende de una consulta online en el sitio web de la Justicia Nacional Electoral, configura una irregularidad ya que la ley prohíbe que los magistrados estén adheridos a cualquier fuerza.
Sin embargo, desde el entorno de la actual jueza de la Segunda Cámara del Trabajo aseguraron que presentará un desconocimiento de dicha afiliación ante la Justicia Federal.
“Se desafilió antes de ser jueza laboral, de lo contrario no podría haber asumido ese cargo”, explicaron. Llatser es camarista desde el 8 de febrero de 2007.
“Cuando fui muy joven tuve militancia política, en el retorno a la democracia, en el radicalismo alfonsinista. Cuando me recibí dejé de militar”, admitió Llaster en 2020, en una entrevista radial, cuando su nombre circuló como potencial integrante de la Corte tras el retiro de Jorge Nanclares. En esa oportunidad, la elegida fue María Teresa Day.
Ahora el gobernador Alfredo Cornejo la seleccionó para reemplazar a Pedro Llorente, quien dejará su lugar en el máximo tribunal en febrero del próximo año. Se descuenta que la postulación de Llaster (61 años), especialista en derecho laboral y actual presidenta de la Asociación de Magistrados de Mendoza, será aprobada por el Senado.
Qué dice la ley
La ley orgánica de los partidos políticos, sancionada y promulgada en 1985, establece en el inciso D del artículo 24 que no pueden ser afiliados “los magistrados del Poder Judicial nacional, provincial y tribunales de faltas municipales”.
Tras la renuncia de Llorente, desde la oposición reclamaron que la persona elegida para ocupar un lugar en la Corte no tenga vínculos partidarios. Este miércoles, entrevistada por el programa Opinión de LVDiez, Llatser aseguró que ese pedido “forma parte del juego político” y que tanto los jueces como los miembros de la Suprema Corte emiten fallos conforme “a las pruebas y al derecho”.
“Soy una defensora a ultranza de la independencia del Poder Judicial, que representa los derechos individuales de todos los ciudadanos. Está en nuestras manos resolver sus conflictos. El resto, es parte del juego político”, agregó Llatser.