La Cámara de Diputados sesiona este miércoles para tratar el veto dictado por el Poder Ejecutivo a la ley de financiamiento de las universidades públicas nacionales.
Para blindar el veto presidencial, el oficialismo y otros bloques afines como el PRO deben superar el tercio de los votos. En tal sentido, aunque la definición todavía está abierta en plena sesión, en los pasillos del Congreso se especula con que el Gobierno está cerca de alcanzar los 84 votos necesarios para dejar sin efecto la norma aprobada por el Congreso.
Los números que se manejan en los despachos en Diputados muestran que hay entre 80 y 84 legisladores a favor del veto y de 160 a 164 que avalan la norma que otorga más fondos a las universidades nacionales. En tanto, otros siete están ausentes.
El Gobierno todavía no cuenta con la garantía del éxito, pero está cada vez más cerca a partir del aporte de Pro, de diputados que responden a los gobernadores, de los radicales libertarios y de las sugestivas ausencias.
Por su parte, en la previa de la sesión en Diputados, Javier Milei ratificó su rechazo al proyecto aprobado en el Congreso. Además, volvió a apuntar contra el manejo de los fondos asignados a las casas de estudio y reclamó mayores controles.
“Vinimos a terminar con los curros. Si estuvieran limpios, ¿cuál es el problema de que los auditen?”, planteó el Presidente este miércoles en la Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).
“Lo que implica el aumento a las universidades es ceder a la forma vieja de la política, implicaría volver a las andadas y volver a los niveles de riesgo país del kirchnerismo. Estaríamos perdiendo un tercio del PBI”, aseguró Milei. Y agregó que esto representaría “un salto del tipo de cambio real que exacerba el aumento de pobres e indigentes por la suba del tipo de cambio real”.
Quiénes apoyan y cuáles bloquen dudan
Aunque el oficialismo parece estar cerca de su objetivo, algunas deserciones complican el panorama. Lourdes Arrieta, exdiputada del bloque La Libertad Avanza (LLA), confirmó que votará en contra del veto, lo que debilita las posibilidades del Gobierno de blindar la decisión presidencial. “El dinero destinado a la universidad pública no llega a los estudiantes, sino a los rectores amigos del poder”, señaló Arrieta en una declaración que encendió el debate.
Por otro lado, diputados clave que responden a los gobernadores de San Juan y Río Negro insinuaron que rechazarán el veto presidencial, mientras que Alejandra Torres, aliada del cordobés Martín Llaryora, no participará por motivos de salud, lo que complica aún más el panorama para quienes apoyan el veto.
Qué se discute
La ley, sancionada previamente por el Congreso, establece una recomposición de los salarios universitarios y una actualización mensual de los mismos según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en caso de no lograrse acuerdos paritarios. Además, establece una actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades desde enero de 2024.
Según el Gobierno, vetar esta ley es necesario para evitar un impacto presupuestario adicional de $811.569 millones. Sin embargo, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima que el impacto sería menor, alcanzando los $738.595 millones, equivalentes al 0,14% del PBI.