Los organismos del Estado, las distintas reparticiones públicas, aquellos lugares de atención a personas que llegan a realizar trámites para que les resuelvan problemas, los ministerios de un Ejecutivo, las dependencias nacionales que tienen asiento en la provincia y gestionan todo tipo de situaciones, entre jubilaciones y asistencia social, cada ámbito descentralizado no importa en qué lugar de la geografía: todo esto tiene una particularidad política importante para estas fechas y es que no son propiedad de ningún partido político.
El Estado es de todos los ciudadanos que financian con sus impuestos esa descomunal maquinaria. Por eso, ni los gremios ni los partidos pueden apropiarse de las paredes ni de la infraestructura en general para hacer campaña para tal o cual postulante. No es ético que una agrupación política coloque sus banderas o detenga la actividad administrativa para convencer a un ciudadano.
El proselitismo tiene que estar de las puertas para afuera. En última instancia, el elector definirá si aprueba una gestión porque el Estado funciona o no da respuestas. Esa, en definitiva, debería ser la mejor propaganda. Parece una verdad de Perogrullo, pero hasta el champú trae instrucciones.