La nueva jornada del juicio contra el suspendido juez federal Walter Bento tuvo momentos álgidos que obligó a la presidenta del Tribunal Oral Federal N°2, Gretel Diamante, a intervenir y llamar la atención a abogados defensores por considerar que presionaron e intimidaron a un testigo.
Se trata del subcomisario Diego Martín Coria, quien lideró una serie de allanamientos ordenados por autoridades judiciales, vinculados a la megacausa que tiene a 32 procesados.
El efectivo participó de operativos relevantes, como el realizado en el domicilio de Jaime Alba y la escucha de comunicaciones telefónicas de Francisco Chato Álvarez, los abogados sindicados en la investigación como organizador y miembro, respectivamente, de la presunta asociación ilícita que tiene sindicado como líder a Bento y que se dedicaba a cobrar coimas a cambio del otorgamiento de beneficios judiciales.
Coria también estuvo presente en el allanamiento de la caja de seguridad bancaria perteneciente a Bento y a su esposa, Marta Boiza, donde se encontró una nota escrita a mano destinada al juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, quien instruyó la causa.
“Puigdéngolas lee!!! Por favor”, dice el papel que se cree fue escrito por Bento y que Coria reconoció en la audiencia de este jueves.
Las preguntas de los defensores de algunos procesados apuntaron a cuestionar las medidas de seguridad, custodia y guarda de las pruebas secuestradas durante los operativos.
Puntualmente, Mariano Fragueiro Frías, representante legal de Bento, insistió sobre el trabajo de Coria en la intervención y escuchas de teléfonos. El policía explicó que ese trabajo comienza tras recibir “una copia de la orden judicial donde se ordena la intervención de una línea. La registramos y ya tenemos un nexo creado con DAJuDeCO, que nos envía un DVD donde se graba lo que ocurre en esa línea. Lo escuchamos e informamos al Tribunal interviniente sobre lo que hay en su interior, en cuanto a diálogos”.
La DAJuDeCO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado) incluye la estratégica oficina de escuchas telefónicas, que desde 2015 depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Coria, que fue convocado como testigo por pedido de la defensa de Alba, indicó que los investigadores solamente tienen acceso a intervenciones de llamadas y mensajes de texto convencionales, no así a las comunicaciones de plataformas como Whatsapp y Telegram.
El subcomisario también participó en las escuchas de dos líneas telefónicas “destinadas a la captura del señor Alvarez”. El abogado defensor Juan Day lo indagó sobre el contenido de esos diálogos. “Todo lo que había secuestrado se analizó”, se desligó el agente.
Luego fue el turno del defensor Pablo Cazabán, que calificó al testigo de “reticente” a brindar información, lo que le valió una advertencia del Tribunal.
Cazabán preguntó sobre las medidas de seguridad para el traslado de pruebas desde la sede de la DAJuDeCO en la Ciudad de Buenos Aires. “Viene en sobre de papel cerrado y se entrega a funcionarios autorizados, con un código de barras y sellado de manera que hay que romperlo para abrirlo”, contestó Coria.
Cazabán insistió en su búsqueda de exponer una presunta falla en la custodia de las pruebas, con preguntas destinadas a conocer si existían medidas de seguridad extras, lo que derivó en un aireado reclamo de los fiscales Gloria André y Dante Vega y en un reto de la jueza Diamante.
“Les pido que sean respetuosos con una persona que cumple con su función. No veo de ninguna manera que haya sido reticente. No perturben a una persona que está prestando declaración testimonial”, indicó la magistrada. Y agregó: “Los testigos van a ser resguardados en su seguridad física y psíquica”.
Luego apuntó directamente contra Cazabán. “Si usted considera que el testigo es reticente, haga lo que tenga que hacer, pero no en esta sala. Vaya, haga la denuncia correspondiente. De ninguna manera se percibió que el testigo fuera reticente. Estar permanentemente achacándole que es un testigo reticente es una presión y una intimidación a una persona que ha cumplido un rol funcional y que viene a prestar testimonio. No vamos a permitir este tipo de conductas”.
Tras el testimonio de Coria, fue el turno del abogado de la Aduana, Javier Ruggero, que participó de algunas medidas relacionadas con causas de contrabando. Luego el Tribunal ordenó un cuarto intermedio para continuar con más testigos.