De base, se sabe que Argentina es el país de las protestas. Muchas veces no importan ni las razones. Agrupaciones impiden la libre circulación por las calles para expresar su descontento o promover cambios en determinadas situaciones políticas, sociales o económicas. Pueden tener diferentes motivaciones, como demandas laborales o desacuerdo con políticas del gobierno de turno. Parecen razones lógicas, pero provocan más rechazo que apoyo por el daño indirecto que provocan.
Estos grupos están convencidos de que son formas legítimas de ejercer presión para llamar la atención y generar cambios en esas problemáticas de la sociedad. Pero
con el paso del tiempo, los cortes de calles generaron más malestar que arrimo en las personas que intentan llevar a cabo sus actividades diarias.
Pueden derivar en actos de violencia o daños a la propiedad. Y ahí está uno de los puntos centrales. El nivel de crispación social es tal que cualquier conductor o peatón, en el caso de los que cortan el derecho de circular libremente, llega a sentirse rehén de los manifestantes.
Las protestas y los cortes de calles son fenómenos complejos que están enquistados en el país. Pero algo hay que tener en cuenta: está penado por la ley porque está lejos de ser una forma legítima de expresión. Por eso es importante que la sociedad también se exprese y exija que se cumplan las normativas vigentes para que afecten lo menos posible a la gran masa de habitantes. El derecho de una persona termina cuando comienza el de otra, reza el principio jurídico universal.