“Sí, es cierto. Con el diario del lunes, está claro que le podríamos haber dado un poco más de transparencia”.
En el gobierno provincial reaccionaron con vehemencia. La denuncia hecha por la diputada nacional Marisa Uceda fue tildada de irresponsable; de agresión institucional. Y respondida claramente desde las diferencias políticas que existen entre la camporista y el oficialismo local.
La presentación de Uceda en la Justicia Federal difícilmente vuele alto; no sólo porque la acusación parece un tanto exagerada, sino porque la documentación existente hace que no tome color. Es más, una bomba de ensayo sustentada en la necesidad de instalar un tema. Y si pica, pica. Es también una forma de hacer política. Igual, la palabra final saldrá de los tribunales.
Es cierto que, de paso, sacó a la gestión de Rodolfo Suarez de la zona de confort y la obligó a rendir cuentas; al menos, mediáticas.
Uceda sugirió que en el Gobierno de Mendoza habían usado y malversado los fondos destinados a la trunca construcción de la represa Portezuelo del Viento. Eso dice el anuncio en las redes sociales que hizo para informar que había presentado una denuncia. Habló de información anónima que llegó a sus manos y que su obligación como legisladora nacional era pedir que se investigue.
Esa supuesta voz anónima no es otra cosa que “inside information”, una figura que en el mundo empresarial está ligada a quien ventila datos desde el interior de una corporación para sacar alguna ventaja. En este caso, o llegó desde el camporismo que milita en el Banco Nación o desde el massismo que gobierna el Ministerio de Economía. Y, así como vino, fue lanzada al mar de Twitter, sin ponderar que podría tratarse de violación flagrante de secreto bancario. Apenas un detalle.
La denuncia en sí fue una medida extrema. Casi innecesaria. Ni Uceda, ni sus asesores, ni el resto de los legisladores nacionales y provinciales de ese espacio advirtieron que toda la información a la que se refería había sido publicada. Estaba ahí, de libre acceso para el ojo entrenado, pero no para el común de la gente.
Ahí estuvo el pecado de Suarez. Su gobierno ha sido por lo general poco adepto a publicitar los actos estratégicos de gobierno. Y no precisamente cuando se trata de una inauguración. Tienen que ver con cuestiones que impactan en la vida de los mendocinos o que pueden generar políticas del Estado, como el acuerdo transaccional con Edemsa, la adquisición de Potasio Río Colorado o, como ahora, la decisión de reasegurar parte de los fondos del fidecomiso de Portezuelo.
La respuesta suele ser recurrente. Está todo en el Boletín Oficial, aseguran. Y es cierto. Pero existe una diferencia entre publicarlo y hacerlo público. Ese segundo paso le cuesta. Y hay un par de hipótesis al respecto. O no comprenden el valor de la transparencia como un principio rector democrático, o la falta de una oposición competitiva ha confundido tanto al oficialismo que no logra discernir la diferencia entre ser gestor del Estado o dueño del mismo.
La información sobre los movimientos de los fondos de Portezuelo existe. Está en el Boletín Oficial. Que Uceda y su gente no la haya visto o siquiera buscado es otro tema. Es ahí donde el Gobierno deja abierto el juego a los abogados del diablo. Y de esa manera se cubre la espalda.
¿Está publicada? Sí. ¿Está detallada? Sí y no, porque en ningún momento se nombra una cuenta o fondos de manera específica. ¿Se la puede encontrar con facilidad? Con la misma facilidad que se encuentra un elefante en una manada de elefantes.
Las publicaciones son un manojo de definiciones técnicas que tienen como objetivo demostrar que Argentina es un país absolutamente inestable desde el punto de vista financiero, y que tener una cuenta con cientos de millones de dólares inmóviles es una tentación para un gobierno nacional siempre presto a cambiar las reglas de juego bancarias en detrimento de lo público y lo privado y a favor de su propia supervivencia. De ahí a considerar que eso es suficiente como difusión, la distancia es abismal.
La historia se empezó a gestar el 31 de agosto de 2021. Ese día el Ministerio de Hacienda de Mendoza publicó un decreto que advierte la necesidad de poder administrar diferentes tipos de fondos, como sobrantes de caja o dinero depositado en cuentas fiduciarias, y buscar nuevas alternativas, siempre en el marco de la Ley de Administración Financiera. Es decir: no poner todos los huevos en la misma canasta y diversificar un poco. Principio básico de la economía.
El segundo movimiento se dio el 31 de enero de 2022. Ese día se firmó el decreto (también publicado en el Boletín Oficial) para llamar a una licitación destinada a la contratación de “Agentes de Liquidación y Compensación” (ALyC), lo que vulgarmente se conoce como operadores de bolsa. Si iba a haber un movimiento de dinero al extranjero, era necesario e indispensable contar este servicio.
El 28 de marzo se publicaron los ganadores: TPCG Valores, Banco Hipotecario y Max Capital.
Para esa época, la historia de Portezuelo ya estaba casi juzgada. Si bien falta el laudo de Alberto Fernández, su concreción era una pista con obstáculos. De la obra del siglo a apenas un video con una animación de lo que nunca será. Meses más tarde, el presidente daría el golpe de gracia.
En enero de este año, la cuenta del Nación sumaba más 600 millones de dólares. En Hacienda empezaron a ver con preocupación los títulos de los diarios y las decisiones de Sergio Massa, como la de echar mano al Fondo de Garantía de Anses. Y así, a fines de marzo, se produjo el primer movimiento. Cerca de 20 millones de dólares fueron transferidos -AlyC mediante- a una cuenta en el Bank of New York en títulos del bono del Tesoro de los Estados Unidos, una de las inversiones más seguras del mundo, con liquidez y libre disponibilidad. El dinero, la compra del título y la nueva cuenta (con los intereses que se ganarán) siempre permanecieron a nombre del fidecomiso.
“Uceda confunde administración con disposición”, manifestaron en el Gobierno. Disponer, en este caso, sería usar ese dinero para otro fin que no sea el específico, vinculado con obras de aprovechamiento hídrico, único destino permitido. Administrar es, según los órganos de control que siguen de cerca el tema, gestionar las cuentas de modo de proteger ese patrimonio. Son actos políticos que, si salen mal, obviamente tendrán consecuencias. Sin embargo, advierten, con la situación del país y la inflación mundial que afectó al dólar, poner una parte del dinero en títulos de bono del Tesoro de los Estados Unidos parece una decisión hasta lógica.
Hubiese sido diferente si esos millones se usaban para comprar y vender acciones o adquirir bonos de alto riesgo. Ahí sí, lejos de un reaseguro, hubiera sido destinar el capital a la timba financiera.
Pero el gobierno de Suarez nunca lo comunicó. Recién después de la denuncia de Uceda salió a dar explicaciones. Para algunos fue una operación más, ordinaria, de las tantas que se mueven en Hacienda. Por eso, no es justamente el área técnica la que debería haber hecho el anuncio. Faltó volumen y cintura política; especialmente, con un tema tan sensible. Incluso, hacerlo en la Legislatura; no para pedir autorización, sino para tener a todo el arco político al tanto de lo que está haciendo el Ejecutivo. Es más integral que la idea de tirarlo en el Boletín Oficial y que lo lea quien quiera. Es el valor del republicanismo. Es el principio de la transparencia para una vida democrática que no acepta ínfulas altas.