La discusión en las redes sociales de los casos judiciales que están en la agenda mediática debe tener una advertencia. O una sugerencia: los jueces son los que deben fallar de acuerdo con la cantidad y calidad de pruebas que tengan, y esas sentencias deben ser el resultado del análisis de la evidencia, más allá de las opiniones que puedan estar alejadas del marco legal.
La oralidad y publicidad de los juicios es una garantía de acceso a la información, pero también se corre el riesgo de exacerbar los ánimos a tal punto que, si después la decisión no está en sintonía con la opinión pública, la frustración se convierta en descreimiento de las instituciones y del sistema judicial.
Los magistrados no deben resolver ni por prejuicios ideológicos ni bajo estado de emoción violenta. Mucho menos, influenciados por el clima social. De hecho, eso ha ocurrido y, cada vez que sucedió, las consecuencias fueron letales.
Es un buen momento para aprender y educar; comprometerse con los principios cívicos y con las ideas de derechos y deberes, y ponerlas en práctica. Por ejemplo, comprender que por aberrante que nos parezca un crimen, los imputados tienen derecho a una defensa. Y que, hasta tanto un tribunal no considere lo contrario, debe primar el principio de inocencia.
Si eso no ocurre, se rompen las reglas constitucionales y, por fuera de la ley, se imponen los discursos que entienden que el único camino en la venganza. Es un viaje muy peligroso, en el cual, por lo general, no hay retorno.