El Gobierno publicó finalmente este jueves en el Boletín Oficial el decreto para refinanciar la deuda que debe enfrentar la Provincia el próximo año. La medida promete convertirse en la novela política del verano en Mendoza, ya que la administración de Rodolfo Suarez tomó la decisión de reestructurar la deuda pública realizando una interpretación de la ley de Administración Financiera, intentando evitar que el pedido de autorización del “roll over” pase por la Legislatura.

“Disponer la emisión de Títulos Públicos en moneda local por hasta la suma equivalente de USD 81.500.000 y con un plazo mínimo de vencimiento de 18 meses”, señala el artículo 1 del decreto firado por Suarez y el ministro de Hacienda, Víctor Fayad.

“El decreto lo vamos a sacar en forma inminente, de manera tal que encaremos en 2023 los vencimientos que tenemos en dólares, tomando deuda en pesos para comprar dólares a precio oficial, y utilizar esta situación de anomalía que hay en el país de distintos tipos de cambio“, había adelantado este martes el mandatario.

“Ojalá no sea cuestionado porque es muy importante”, agregó en ese momento Suarez. Sin embargo, desde el Justicialismo ya adelantaron su rechazo a esa alternativa.

Esta vía eligió el Ejecutivo para evitar que el pedido de “rollear” la deuda pase por la Legislatura, donde el oficialismo necesita de los dos tercios de los votos, es decir, el apoyo de la oposición, que ya se negó a eso en 2018.

La estrategia del Gobierno es refinanciar la deuda “en mejores condiciones” mediante de la Ley de Administración Financiera (8.706), interpretando los artículos 64 y 68 de la normativa.

Sin embargo, en noviembre, la Fiscalía de Estado advirtió mediante un dictamen que el Ministerio de Hacienda no está autorizado a renegociar la deuda sin pasar antes por la Casa de las Leyes.

Allí dice que la estrategia oficial, basándose en lo que establece el artículo 41 de la Constitución provincial, exige que “la toma de empréstito sea autorizada por Ley sancionada con los dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara Legislativa”.

El decreto