Casi trece años atrás, entre el 2009 y el 2010, una investigación que llevaron adelante miembros del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) determinó que el déficit habitacional de la provincia se ubicaba en un rango que iba de las 120.000 viviendas a las 130.000. Se trata de un trabajo que aún se puede consultar en la página oficial del organismo de estudios científicos y que tuvo como objetivo avanzar en una comparación de costos entre la construcción tradicional de cemento y ladrillo que realiza el IPV provincial con otras alternativas más económicas y ambientalmente sustentables, como la quincha, un compuesto que se logra básicamente con la unión de la arcilla, el barro y la paja.

Tomando documentación en manos del IPV y de un variado menú de artículos publicados por la prensa local, los profesionales autores del trabajo (María Guadalupe Cuitiño Rosales, Alfredo Miramont Esteves, Rodolfo Rotondaro y Graciela Mabel Maldonado) agregaron al diagnóstico que se presentaba, que ese número estaba compuesto por un 70 por ciento de construcciones precarias más un 30 por ciento que necesitaba ya en esa época una renovación total.

Más de una década después, los organismos oficiales, aunque sin llegar a mostrar datos precisos y concretos, aventuran que la necesidad de viviendas para la provincia ronda las 100.000 unidades. De acuerdo con el ritmo de construcción de viviendas que sigue el IPV y sin que se incrementara el déficit, es decir, con una situación actual sin alteraciones, deberían transcurrir alrededor de 30 años para responder a la necesidad de viviendas.

Este cálculo de 30 años o más, aproximado, surge de proyectar los datos que el IPV mendocino tiene publicados en su página oficial, año por año, desde el 2000 a octubre pasado de viviendas construidas. Allí se da cuenta de que, en 22 años, la provincia logró construir un poco más de 43.000 viviendas nuevas. La información se completa, además, con el número de viviendas mejoradas que en todo ese tiempo alcanzaron las 7.800 unidades, junto a unas 19.000 que surgieron del Promeba, aquel programa nacional de mejoramientos de barrios que en Mendoza se comenzó en el 2004 con las primeras casas culminadas en el 2005.

En los últimos veinte años, también del análisis de la página del IPV y que surge de los datos oficiales, ha sido el gobierno de Rodolfo Suarez el que menos viviendas ha construido y, por ende, entregado. Desde que asumiera hasta octubre de este año, la administración tiene contabilizadas 2047 viviendas entregadas y que fueron construidas de cero: 846 en el 2020; 795 en el 2021 y 406 en el 2022, aunque es probable que el año finalice con unas 600 casas entregadas en total, una vez que se agregue noviembre y diciembre, aclaran desde el Ministerio de Infraestructura que conduce Mario Isgró y con datos que a su vez han sido proporcionados por la titular del IPV, María Marta Ontanilla.

La construcción de viviendas sociales, financiadas en gran parte por el Estado con fondos provinciales y/o nacionales y con alguna combinación de aportes de los propios beneficiados, ha sido la gran movilizadora de la industria en particular y de toda la economía en general. Y, por otro lado, les ha dado a los gobiernos la posibilidad de acordar con la Cámara de la Construcción la participación de la mayor cantidad de empresas posibles del rubro las que, como ha venido sucediendo históricamente, han sobrevivido al calor y amparo que les da el propio Estado con sus inversiones de obras, entre ellas, claro está, la de las viviendas.

Y en medio del recalentamiento del debate político en la provincia que se está dando en el frente de gobierno, particularmente, quien ha presionado sobre la llaga o en la herida abierta, mejor dicho, ha sido Omar De Marchi. El diputado nacional, que viene de presentar su plan de desarrollo para Mendoza basado en cuatro ejes, siendo uno de ellos el de la infraestructura social con foco en la vivienda, ha dicho que el gobierno de Suarez no ha hecho más viviendas porque ha priorizado hacer otras obras, como una presa, por caso, cuando ese tipo de emprendimientos se podrían llevar adelante con inversión y riesgo de los privados o de algún interesado en particular.

De Marchi, corrosivo con sus socios radicales que han copado la vida de Cambia Mendoza desde el nacimiento de la coalición, ha señalado, además, y con tono de chicana, que si en la provincia se hubiese seguido el modelo que en escala el Pro ha implementado en Luján, el gobierno de Cambia Mendoza podría haber construido unas 15.000 viviendas desde el 2016 en adelante. Basa tal interpretación en que en Luján el municipio logró relocalizar 1.100 de un total de 2.000 familias que se encontraban en asentamientos inestables.

Desde el 2000 a esta parte, las gobernaciones de Julio Cobos (2003-2007) y de Roberto Iglesias (1999-2003), ambas radicales y en ese orden, han sido las que, según la página del IPV, más viviendas han construido: Cobos encabeza el listado con 10.552, seguido por Iglesias, a quien sucedió, con 9.211 viviendas, siempre tratándose de unidades nuevas, terminadas y entregadas. Luego, aparece la gestión de Alfredo Cornejo (2015-2019) con 6.387 viviendas; la de Celso Jaque (2007-2011) con 6.266 y, finalmente, la de Francisco Pérez, la gestión con peor performance de todas, con 5.901 unidades.