Perú, en medio de la crisis política que atraviesa, le contestó a los gobiernos de Argentina, México, Colombia y Bolivia, que pidieron la restitución de José Pedro Castillo en el poder.
La Cancillería del país peruano defendió el proceso que encarceló al ex presidente para responderle a las naciones que emitieron un comunicado a favor del destituido.
Dichos gobiernos manifestaron su “profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención” de Castillo, al que aún consideran presidente de Perú y ven como “víctima de un antidemocrático hostigamiento“.
Esto sucedió luego de violentas protestas de manifestantes que pedían la renuncia de la nueva presidenta Dina Boluarte, donde fallecieron varias personas.
“El Gobierno del Perú reafirma su convicción en la importancia de que se cumplan con las obligaciones internacionales previstas en el Sistema Interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana, y que se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el Perú”, respondió ese país.
Tanto el Gobierno argentino como Andrés Manuel López Obrador, de México; Gustavo Petro, de Colombia; y Luis Arce, de Bolivia, hicieron “un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”.
En ese comunicado se refirieron a Castillo sin mencionar que intentó hacer un golpe de estado: “Respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado”.
Antes de esa publicación, el presidente Alberto Fernández había llamado a Boluarte para respaldarla.
Comunicado de Perú
Las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el ex presidente Pedro Castillo Terrones el pasado 7 de diciembre, su decisión de disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas, constituyen un golpe de Estado. Generaron, por esa razón, la decisión del Congreso de la República de declarar su vacancia en el marco del más estricto respeto a la Constitución Política del Perú, con el voto multipartidario de 101 congresistas, el voto contrario de solo 6 de ellos y 10 abstenciones.
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política del Perú, la Vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra asumió la Presidencia de la República.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció, en su comunicado del 8 de diciembre, “…la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional” y reafirmó “que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho”.
Atendiendo el consenso existente en el Perú, la Presidenta Boluarte ha presentado un proyecto de Ley al Congreso de la República para adelantar las elecciones generales, solicitando que se celebren en abril de 2024.
El Gobierno del Perú reafirma su convicción en la importancia de que se cumplan con las obligaciones internacionales previstas en el Sistema Interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana, y que se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el Perú.
El Gobierno del Perú reitera su más firme compromiso con el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas en su territorio, incluyendo los del expresidente Castillo, y persistirá en resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el país.
Fuente: Con información de Clarín.