El Gobierno tiene nueva ministra de las Mujeres, Ayelén Mazzina, una funcionaria que cumplía funciones en el gobierno de San Luis y ahora pasará al gabinete nacional. Sin embargo, su nombramiento también es polémico, puesto que recuerda al crimen de la mendocina Magalí Morales en plena pandemia: Magalí fue detenida en plena fase de aislamiento y, en un primer momento se dijo que se había suicidado en una celda, pero posteriormente se confirmó que la habían matado. Por ello, la hermana de la víctima señaló que Mazzina nunca se comunicó con la familia durante los más de dos años que lleva adelante la causa penal.

Entrevistada en LV Diez, Celeste Morales sostuvo que en este lapso, Mazzina -a cargo de la secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis- “nunca, en los dos años y medio que lleva la causa de mi hermana, nunca hemos tenido contacto directo con ella”. 

“Ayelén sabe de toda la causa porque se lo han transmitido sus abogados, los de la secretaría, nunca ha nombrado el caso de mi hermana, ella es ajena”, sostuvo Celeste.

Sin embargo, la hermana de la víctima aseguró que la secretaría de la Mujer se hizo cargo del costo económico del nuevo examen forense que se le practicó a Magalí y que permitió determinar, a su vez, que no se había suicidado. “El juez -Jorge Pinto- impuso que si no creíamos que mi hermana se había suicidado que la pagáramos nosotros”, afirmó Celeste. 

Luego de esa resolución del magistrado, “empezamos a golpear puertas porque la pandemia fue cuesta arriba y ellas se hicieron cargo de ese cargo económico”, aseguró Celeste. Luego agregó que “habré tenido en 2020 una o dos veces oportunidad de hablar con alguien que trabaja en la secretaría, el año pasado también y este año, hace más de nueve meses que no tengo contacto con nadie, pero ella -por Mazzina- en sí, nunca hizo un contacto”. 

Por el contrario, Morales indicó que el organismo puntano se comunicó directamente con los abogados que siguen la causa penal. “Con algunos representantes demostraron cierto interés por la causa de mi hermana pero de ahí en más, ahí quedó”, expuso y luego consideró que “estoy esperanzada que tal vez lo que no hizo Ayelén Mazzina en estos dos años y medio puede hacer o revocar o reivindicarse en este lugar que le han dado”, en relación a su nuevo cargo en el gabinete de Alberto Fernández.

Para Celeste, con esta nueva función “sería el momento, que lo vaya a hacer sería otra cosa. Yo hablo del caso de mi hermana pero los femicidios en estos dos años y medio, en San Luis, hubo más de diez y ella no ha hablado de ninguno”. 

“Si la han puesto ahí -como nueva ministra de Mujeres- es porque el presidente vio las cualidades o que debe ser eficiente en ciertas cosas. En mi caso, no fue eficiente, esperemos que ahora se mueva, no sólo por Magali Morales sino por todos”, expuso.

Celeste detalló que el 5 de abril el ministro de Seguridad de la vecina provincia, Luis Anastasi, recibió a su familia el 5 de abril, a dos años del crimen, luego de que lo contactaran por las redes sociales. 

La mujer contó además que se ha hecho cargo de la tenencia de los dos hijos de Magalí, que tienen 14 y 10 años, además de una nieta de 5. Pero no cuenta con ninguna ayuda para la contención de los pequeños. “Ni siquiera apoyo psicológico tienen los niños, ellos estuvieron un año y medio sin saber que a su mamá la habían matado, se enteraron de casualidad y fue muy fuerte”, explicó.

A su vez cargó contra el juez Pinto y la decisión del Gobierno de San Luis de mantener a los principales sospechosos en la fuerza. Se trata de Reynaldo Clavero, el comisario a cargo de la esa repartición y que recuperó la libertad bajo pago de 300 mil pesos de fianza; Marcos Ontiveros, jefe de guardia; y las oficiales Johana Torres y María Eugenia Argüello.

En el caso de Pinto, a partir de un recurso de apelación que presentó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación,  el Tribunal de Impugnaciones de la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial de la San Luis le ordenó al juez “una investigación exhaustiva de la conducta desplegada por el médico forense que practicó la primera autopsia” y, además, que debía hacerlo con “perspectiva de género”. 

“La causa lleva seis meses parada”, afirmó Celeste sobre el estado actual de la compulsa penal.

Magalí Morales fue detenida el 5 de abril de 2020, en plena fase de aislamiento social obligatorio, cuando iba a buscar comida. Horas después, la policía de San Luis informaba que la mujer de 39 años había sido encontrada sin vida en el interior de su celda. El comisario Clavero apuntó al suicidio, aunque no había pruebas para confirmar esa versión.

Pero cuando la causa parecía estar destinada al archivo, la Secretaría de DDHH se presentó como querellante porque consideraron que era un caso de violación a los derechos humanos. En diciembre de 2021, el juez Pinto ordenó el procesamiento de los cuatro policías sospechosos y dictó la prisión preventiva para dos de ellos por los delitos de aplicación de vejaciones y severidades en el ejercicio de sus funciones, aunque posteriormente fueron excarcelados. 

El tribunal de apelaciones aceptó el recurso y ordenó ampliar el llamado a indagatoria para los cuatro policías, a quienes consideró “coautores de los delitos de torturas agravadas por el resultado muerte” y en el caso de los agentes de rango más alto. 

Por otro lado, la primera autopsia fue cuestionada por la Junta de Forenses: al cuerpo de Magalí Morales “le faltan músculos, una arteria y el hueso hioides estaba sin fracturas”, de acuerdo con los datos extraídos a partir de la segunda autopsia. Por el contrario, una de las especialistas consideró que  Magalí Morales “fue estrangulada”, descartando de esta manera la teoría del suicidio.