Con la temporada ya lanzada –y en plena ebullición–, de la tradicional discusión sobre las leyes económicas, las miradas atentas y críticas coinciden y hacen foco tanto en la Nación como en la Provincia alrededor de los subsidios y la conformación de las partidas que financian los servicios públicos, en la expansión del número de personal estatal y su impacto en los recursos y, claro está, en la suerte de los fondos de conformación extraordinaria que en la Nación nadie se anima a calcular, que aparecen por la subestimación del índice inflacionario y que quedan en un área de manejo discrecional en un año hipersensible en lo electoral y político, como será el 2023.

El secretario de Servicios Públicos de la provincia, Natalio Mema, no sólo se sentará frente a los legisladores con la misión de justificar y demostrar por qué aumentan las partidas en su área, una de las claves de la administración de Rodolfo Suarez, sino que también estará mirando la evolución del presupuesto nacional, de donde surge parte del financiamiento del sistema de transporte local.

Si el año que está transcurriendo se llevará más de 30.000 millones de pesos de los fondos provinciales para sostener el servicio de transporte, aun con un incremento en la tarifa que, se presume, oscilaría en 70 por ciento para el mínimo del boleto urbano, a la par se analiza lo que está ocurriendo con ese particular aspecto en el presupuesto nacional, y con un dejo de incertidumbre, porque se trataría de la misma cantidad de fondos a distribuir en las provincias respecto del 2022. La advertencia se hace desde la oposición y el oficialismo mendocino al gobierno de Alberto Fernández, que ha comenzado a defender la pauta de gastos en Diputados: se trata de un grupo de partidas que para el 2023 debiesen escalar a unos, cuando menos, según el cálculo, 105.000 millones de pesos, pero que, en principio, estarían estancadas en alrededor de 66.000 millones. Son fondos nacionales que ayudan a sostener el costo del transporte en las provincias. A Mendoza llegan con demora, aseguran en el gobierno de Suarez, y la queja se multiplica, como todos los años, por la relación altamente favorable al AMBA de la distribución de esa plata en perjuicio del resto de las provincias: de cada 10 pesos, 8 se están quedando en la CABA y el conurbano bonaerense, mientras que sólo 2 van a las provincias.

Pero si hay un aspecto que calentará el debate nacional será, por lejos, el de la pauta de inflación que Economía, en manos de Sergio Massa, ha calculado en 60 por ciento para el 2023, dos puntos por debajo de lo que Martín Guzmán, el ex ministro, había previsto para el 2022, del 62 por ciento como parte de un presupuesto que no fue aprobado por el Parlamento tras las críticas a Juntos por el Cambio de Máximo Kirchner, en diciembre.

Así como la inflación de este año puede que termine siendo del orden de 100 por ciento, pocos creen que la del 2023 esté en 60 puntos. El fenómeno inflacionario le permite al Gobierno nacional hacerse de más recursos de los presupuestados. Si la inflación supera el 60 por ciento, la recaudación también sube casi en la misma proporción. Se trata, claramente, del más perverso de los impuestos no reconocidos, que golpea a los más vulnerables. De quienes gastan todo el dinero que tienen o con el cuentan para alimentarse salen los recursos que engrosan las cuentas oficiales. Y son fondos que no han sido ni calculados ni aprobados y que están por fuera del control opositor. El reparto y uso de los mismos queda en manos del criterio discrecional de quien está gobernando.

El tema fue planteado por Margarita Stolbizer cuando Massa se presentó en Diputados para informar los trazos generales del presupuesto. Y, allí, Massa se mostró permeable a abrir un esquema de revisión de la evolución de la recaudación para el tercer trimestre del año próximo. A ese nuevo artículo que podría incorporarse se lo está llamando la cláusula gatillo, porque dispararía una discusión parlamentaria sobre el destino de los nuevos recursos. Pero no todos en la oposición estarían de acuerdo, en particular, con las fechas de revisión.

Los radicales están viendo que el tercer trimestre ya sería muy tarde para evitar un uso político y discrecional de esos fondos por parte del Gobierno nacional, en medio de un año electoral y de posible cambio de administración. Para octubre del 2023, para cuando se haya cumplido el tercer trimestre, no sólo se habría cumplido casi todo el cronograma de elecciones, sino también el uso de los fondos extra, si es que no se logra controlar la inflación por debajo de 60 por ciento.

Con los fondos extra, por supuesto, se especula que servirán para darle vida a otro “plan platita” de los que ya implementó el kirchnerismo, recursos con los que el Gobierno pretenderá defender la base electoral, que ve amenazada para las más que trascendentes elecciones del año que viene.

Los radicales, si logran imponer su visión en la coalición opositora, impulsarían la cláusula gatillo que pidió Stolbizer para mediados de año, quizás junio, una vez que se tenga una proyección inflacionaria sobre cómo podría finalizar el año.