“Es como un cheque que tienen contra la provincia”. Así calificó Rodolfo Suarez al decreto 390 del 2015, donde se admitieron los “ingresos no percibidos” por las distribuidoras durante el congelamiento de las tarifas eléctricas aplicado a comienzos de la década pasada. Para las actuales autoridades del Ejecutivo, esa norma es el origen de una deuda escandalosa que fue trepando hasta alcanzar hoy los 100.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente $72 mil millones corresponden a Edemsa.

Ese decreto firmado por el ex gobernador justicialista Francisco “Paco” Pérez fue publicado en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2015. Exactamente, 70 días después, el 15 de mayo de ese año, ingresó a Tribunales una demanda para que se declarara la inconstitucionalidad de la norma.

Los denunciantes fueron los entonces diputados radicales Néstor Parés (actual presidente del Tribunal de Cuentas) y Martín Kerchner (hoy jefe del bloque de senadores de Cambia Mendoza).

Siete años después, la causa civil no tuvo una resolución de la Sala 1 de la Suprema Corte de Justicia, integrada por María Teresa Day, Pedro Llorente y Julio Gómez. El 16 de septiembre de 2020 se registró el último movimiento en el expediente y desde ese momento, el proceso judicial se frenó, sin perspectivas de una rápida resolución.

Desde Tribunales indicaron que el expediente se encuentra en la etapa de producción de pruebas. “Lo extraño es que los demandantes (Parés y Kerchner) no se presentaron para pedir que se resuelva”, agregaron.

Otras fuentes judiciales conocedoras del expediente opinaron que el reclamo de los radicales estuvo mal formulado, ya que la deuda con las distribuidoras está comprobada. “Podés reclamar la inconstitucionalidad por el monto, pero no por una deuda existente. Por eso es inviable la demanda”, señalaron.

Críticas y sospechas

“Fue un acto de irresponsabilidad de Pérez, que no dio tarifa, por lo que tampoco hubo inversiones. Dejó a los mendocinos una deuda encubierta, un cheque en blanco”, manifestó Kerchner, en sintonía con la postura de Suarez.

Desde la gestión actual, sostienen con respecto a ese decreto del ex mandatario peronista, que no cuentan con herramientas para pelear en la Justicia la escandalosa deuda que las distribuidoras reclaman.

Ver también: Suarez negocia para prorrogar la concesión de Edemsa a cambio de una deuda $72.000 millones

“Existen cero posibilidades de ganarlo jurídicamente porque (las deudas) fueron reconocidas por un decreto”, declaró Suarez este miércoles durante una entrega de diplomas. También admitió que la provincia “no puede afrontar el pago”.

La alternativa en análisis es negociar con Edemsa y Edeste SA una extensión de ambas concesiones, que vencen en 2028. A cambio, las empresas deberán desistir del cobro de la millonaria deuda. “Esa es la condición: prorrogamos, pero no debemos un peso más”, enfatizó Suarez.

En el Gobierno estudian el andamiaje legal y pretenden que las negociaciones con las distribuidoras concluyan antes de mediados de 2023. Las concesiones, según explicó el gobernador, se podrían prorrogar por 20 años, “a cambio de toda la deuda que tenemos”.

Con este escenario planteado, desde el entorno de Pérez despertaron algunas sospechas sobre las intenciones que tendría la gestión actual de prorrogar la concesión a Edemsa, la empresa conducida por el grupo Vila-Manzano.

“La prórroga va por un carril y las deudas por otro. Ellos podrían haber anulado el decreto con otro o sacando una ley, tienen mayoría en las cámaras, ¿por qué no lo hicieron? Es más fácil echarle la culpa a ‘Paco’ que pelearse con Vila y Manzano”, señaló un allegado al ex gobernador.