El millonario golpe al Correo Argentino de Fray Luis Beltrán, Maipú, dejó en evidencia nuevamente que existen policías que detrás de su uniforme guardan un estrecho vínculo con el mundo delictivo, llegando en ocasiones a formar parte del mismo.
El auxiliar Fernando Javier Palleres estaba a cargo de la custodia de esa sucursal del servicio postal y terminó detenido como partícipe del atraco. El enemigo estaba en casa.
La problemática se ha transformado en una constante dentro de la fuerza provincial. Si bien los números no son alarmantes, las estadísticas de la Inspección General de Seguridad (IGS) sostienen que en los últimos cinco años, entre 2017 y 2021, hubo 74 funcionarios policiales investigados por casos de robos y por infracción a la ley 23.737 (de estupefacientes).
Los números son claros, son decenas de efectivos que en último lustro decidieron cambiar de bando y comenzar a operar a favor del hampa. No por nada se creó en el Complejo Penitenciario San Felipe un pabellón dedicado exclusivamente a funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad.
Si bien ese sector de la cárcel capitalina también aloja a ex políticos, penitenciarios, policías federales y empleados judiciales, son varios los ex integrantes de la Policía de Mendoza que están detenidos allí porque pasaron al “lado oscuro de la fuerza”.
Sacando de lado las estadísticas recientes, más atrás en el tiempo también hay ejemplos de policías que se vieron envueltos en casos resonantes y hasta terminaron condenados a prisión perpetua: Iván Andrés Bressan Anzorena, sentenciado junto a Marcelo Casca Tello en Santiago del Estero por un crimen narco en 2008; Víctor Vargas Cabello, partícipe del asesinato del policía Eduardo Correa en el intento del golpe a un blindado y Martín Berdejo, autor del doble crimen narco del narco Oscar Vinchuca Guzmán y su esposa.
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Pero no todo es asaltos y drogas. También existen casos de policías que colaboraron con alguna asociación ilícita, como el oficial Martín Bazán y el comisario Gabriel Moschetti, detenidos en la megacausa del Bentogate, o que integraron bandas dedicadas al contrabando, tal como el subcomisario Marcos Osvaldo Rojas.
Otra recordada participación policial en una causa federal fue la de los policías Aníbal Damián Luna, Marcelo Javier Amaya, Néstor Miranda y Fabio Marcelo García, condenados por el secuestro extorsivo.
Polichorros
El caso más reciente ocurrió el pasado martes 18 y tuvo como protagonista al auxiliar Palleres, quien en cuestión de horas pasó de ser víctima a trasformarse uno de los detenidos (este fin de semana cayó un amigo del efectivo) que tiene el golpe de 5 millones de pesos en el Correo Argentino de Beltrán.
El policía estaba realizando servicios extraordinarios en esa sucursal del servicio postal y tras el atraco aseguró que le robaron el arma reglamentaria. En su relato, aseguró que los autores se hicieron pasar por auditores del Ministerio de Seguridad, pero los detectives no le creyeron.
La hipótesis principal es que Palleres participó de la planificación del asalto, tenía conocimiento sobre el dinero que se iba a manejar ese día en la sede del Correo y dejó entrar a los maleantes, de acuerdo con fuentes allegadas a la causa. Incluso, no descartan que otros efectivos hayan participado del ilícito.
En 2020, otro integrante de la fuerza provincial fue detenido por un robo millonario. Se trata del subayudante José Carmona, acusado de hacer un allanamiento trucho en las oficinas de un constructora-financiera de calle Espejo, en Ciudad.
El episodio ocurrió el 27 de agosto de ese año cuando tres sujetos uniformados ingresaron al local céntrico, quienes simularon tener una orden de allanamiento en un teléfono y hasta teatralizaron una llamada con un falso juez.
Así, “secuestraron” tres millones de pesos en billetes y se retiraron del lugar. Pero la víctima sospechaba que había sido engañada y radicó la denuncia.
Mediante un video registrado por una cámara de seguridad, Carmona quedó comprometido, por lo que fue detenido e imputado por extorsión agravada.
Otro recordado caso es el de Franco Ezequiel Ochoa Espejo, quien no sólo les robaba a sus víctimas, sino que también las abusaba sexualmente. En comienzos de 2020, fue condenado a 24 años de prisión por cuatro vejaciones a jóvenes.
En esa ocasión también lo sentenciado por raptar a una niña de 13 años, quien logró escapar de su accionar, y por las amenazas y lesiones a su ex novia. Los hechos ocurrieron entre fines de 2017 y comienzos de 2018, en zonas rurales aledañas a la Subcomisaría Ceresoli, donde prestaba servicio Ochoa.
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De acuerdo con la investigación, salía a “cazar” víctimas en su auto y, en algunas ocasiones, las vejaba mientras tenía puesto su uniforme policial, situación que lo terminó comprometiendo.
Narcos y otras causas federales
En diciembre del año pasado, durante las vísperas de las fiestas, un efectivo fue detenido por estar sospechado de integrar una banda dedicada a la venta de drogas.
A Oscar Alfredo Ochoa le allanaron su casa del barrio San Martín y le encontraron 100 gramos de cocaína, destinados al narcomenudeo, es decir, la comercialización de estupefacientes en pequeñas cantidades.
Para los detectives de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) que desarrollaron la investigación, el auxiliar trabajaba como dealer para una organización que opera en el Gran Mendoza y el Valle de Uco. Ochoa se encontraba con parte psiquiátrico y su último paso por una dependencia fue en la Comisaría Tercera de Ciudad.
Asimismo, a comienzos de ese mes, fue condenado un ex integrante de la fuerza por una causa de drogas. Se trata de Juan Pablo Alcaraz, quien había sido detenido junto al hermano del intendente de Tunuyán Gustavo Aveiro en julio de 2019 en Lavalle, cuando trasladaban 290 gramos de cocaína hacia San Juan.
Al igual que Aveiro, durante el juicio en su contra Alcaraz recibió una pena de 6 años de prisión.
Otro caso similar que se registró en los últimos años fueron los de Leonardo Chino López, quien prestaba servicios en la Unidad Especial de Patrullaje Capital (UEP) cuando lo detuvieron como presunto miembro de una gavilla narco, hacia finales de agosto de 2019.
El oficial inspector estaba sospechado de mantener estrechos vínculos con Jose Luis Llanos, alias el Boliviano, presunto líder de la banda, a quien le proporcionaba información sobre las tareas investigativas que podían afectarlo y también formaba parte de algunas transacciones, según la pesquisa.
Un papel parecido cumplían los policías Gastón Miranda y Gonzalo Ferreyra, quienes cayeron en diciembre de 2018 por estar sindicados de aportar información a una organización dedicada al narcomenudeo en el Este provincial.
Los policías, que trabajaban en la Comisaría 28ª de Palmira y en la Subcomisaría de El Porvenir, Lavalle, respectivamente, le avisaban al acusado jefe de la gavilla cuando iba a “haber reviente”, es decir, los advertían ante posibles allanamientos a los domicilios que utilizaban como quioscos de venta de drogas.
Pero los roces de los policías provinciales con la Justicia federal no sólo han sido por temas de droga. Uno de los casos más recientes involucró a un funcionario de alto rango en una de las causas más importantes de los últimos tiempos.
Fue en junio del año pasado cuando el comisario Gabriel Moschetti fue detenido por el Bentogate, la megainvestigación que tiene al juez federal Walter Bento procesado como líder de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a cambio de beneficios carcelarios.
Moschetti, quien era responsable de la PCN en el Valle de Uco, quedó comprometido cuando intentó recuperar el celular secuestrado al señalado narco Walter Bardinella Donoso. El aparato tenía pruebas de la estrecha relación que mantenía con Diego Aliaga, el empresario asesinado en 2020 y que era una especie de operador judicial y valijero de Bento.
Junto a comisario también fue detenido el oficial principal Martín Bazán, a quien acusan de mantener contactos con letrados y presuntos malvivientes involucrados en causa.
Otro jefe policial que vio finalizada su carrera en la fuerza por pasar al mundo delictivo fue el subcomisario Marcos Rojas, quien era titular de la Comisaría 63ª de Costa de Araujo, Lavalle, cuando lo detuvieron a mediados de 2018 por contrabando.
Junto a su hijo, conformaba una banda que ingresaba de manera ilegal diferentes productos por millones de pesos desde Chile. Rojas terminó condenado a la pena de 4 años de cárcel en el juicio que se desarrolló en 2020.
Por último, también se destaca Aníbal Luna, Marcelo Amaya, Néstor Miranda y Fabio García, partícipes del secuestro extorsivo a la hija de un empresario, ocurrido en 2016.
Los cuatro policías formaron parte de los diez condenados que hubo en junio de 2018 por el caso. De la instrucción se desprendió que le facilitaron a la gavilla una radio policial, con la que escuchaban los movimientos de los investigadores.
A perpetua
Las causas más graves que tuvieron como protagonistas a ex miembros de la Policía de Mendoza también son los más recordados y que terminaron con condenas por la pena máxima.
Uno de ellos se transformó en socio de un peligroso narco de la provincia: Marcelo el Casca Tello. Se trata del ex policía Iván Bressan, quien junto al conocido delincuente guaymallino perpetraron el crimen del narcotraficante colombiano Michel Agudelo Córdoba, ocurrido en marzo de 2008, en Santiago del Estero.
Por ese hecho, que tomó relevancia en la provincia del Gran Norte, ambos fueron condenados a prisión perpetua en 2012. El caso también llegó al ámbito internacional después de las denuncias de torturas de Tello y Bressa, situación por la que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU envió un comunicado al Gobierno nacional pidiendo su liberación.
Un hecho de sangre relacionado al narcotráfico fue lo que dejó tras las rejas al ex efectivo Martín Berdejo, quien hace casi siete años fue hallado culpable por el doble crimen de Oscar Vinchuca Guzmán y su esposa Carmen del Pilar Honorato, ocurrido en 2013.
La Cuarta Cámara del Crimen conformada por Carlos Díaz, Horacio Báez y Rafael Escot le impusieron una pena perpetua por el delito de homicidio criminis causa y robo agravado.
La hipótesis de Fiscalía sostenía que Berdejo, quien trabajaba para la entonces Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (ahora PCN), estaba investigando al matrimonio chileno por el tráfico de más de 300 kilos de cocaína a Europa.
Con conocimiento sobre el dinero que manejaba la pareja, ingresó su propiedad de Vistalba, Luján, los redujo y los torturó hasta matarlos para obtener el botín.
En tanto, uno de los casos que mayor conmoción generó en la fuerza fue el del intento de golpe al camión blindado en la sede del ex Banco Regional, en la Universidad Maza, que se registró en setiembre de 2008.
El caso no sólo tuvo como uno de los autores al ex policía Víctor Vargas Cabello, sino que también se cobró la vida de un efectivo que estaba en servicio: el cabo Eduardo Correa.
Por aquel entonces Vargas estaba fuertemente involucrado en el mundo del hampa y hasta había sido investigado por el asalto al Banco Nación en el Palmares Open Mall (2004) y por el asesinato del custodio de Montemar, ocurrido en Ciudad (2006).
En 2011, la Séptima Cámara del Crimen condenó a Vargas y Darío Alejandro Cantos a la pena máxima. Recientemente, en 2021, la causa sumó otra sentencia de 15 años de prisión contra Víctor Miguel Garcia, a quien fue hallado culpable de ser partícipe secundario por un jurado popular.