Dos fiscales solicitaron el sobreseimiento del intendente de Lavalle Roberto Righi y otros ex funcionarios municipales, provinciales y nacionales por la causa que los investigaba por fraude a la administración pública por el desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas de la Tupac Amaru.
Se trata del fiscal adjunto en lo Penal, Gonzalo Nazar ,y el fiscal jefe de la Unidad de Delitos Económicos e Informáticos, Sebastián Capizzi, quienes basaron su pedido en base al tiempo transcurrido desde las imputaciones y ante la imposibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba.
Además de Righi, también eran investigados los ex funcionarios Manuel Moreno Serrano y Jorge Mario Pérez; otro agente municipal, José Blanco, los ex titulares del IPV Omar Parisi y Carmelo Simó, y los funcionarios del ministerio de Desarrollo de la Nación David Acuña, Jorge Álvarez y Carolina Arribi.
“Después de valorar la totalidad de esas evidencias incorporadas no resulta posible afirmar la existencia de los elementos de convicción suficientes para avanzar hacia las siguientes instancias en el Proceso penal, sin que pueda preverse, finalmente, con objetividad, la incorporación de nuevas pruebas útiles en tal sentido”, indica el texto firmado por Capizzi y Nazar.
A través de un escrito, los fiscales consideraron que no es posible elevar la investigación a etapa de debate o plenario.
En ese sentido, indicaron que no es posible sostener con evidencias que los funcionarios imputados actuaron con “ceguera deliberada y coordinada o con absoluta representación delictiva en cada suscripción de documentos, certificación de obras, autorización de cooperativas, pagos de certificados a lo largo de los años, no puede sostenerse con el grado de convicción requerido la continuidad de la acusación fiscal”.
Capizzi y Nazar destacaron además la carencia de elementos probatorios en la causa, entre ellos, suscribieron que si se los acusaba por la falta de fiscalización “eficiente y control”, la justificación de esas sospechas debería apoyarse con material administrativo.
Sin embargo, “no es posible encontrar una vinculación precisa y detallada entre las acciones y omisiones imputadas y la prueba documental”, advirtieron.
Finalmente, indicaron que más allá de la solicitud de sobreseimiento, la solución procesal planteada “no debe dejar de servir como llamado de atención” y resaltaron la importancia de que se diseñen e implementen “programas de ética y transparencia para prevenir la corrupción pública y privada”.
Tras el pedido del Ministerio Público, el requerimiento recaerá en un juez penal que deberá fijar una audiencia para su tratamiento y decidir si hace lugar a esta solicitud.
La causa
El intendente de Lavalle fue imputado en abril de 2019 por la fiscal Gabriela Chaves, quien investigaba las presuntas irregularidades en la construcción de viviendas realizadas por la organización política Tupac Amaru.
En ese momento, la fiscal sospechaba que se habían aprobado certificados por obras inexistentes o mal realizadas representando la figura delictiva de la defraudación a la administración pública.
El hecho generó polémica ya que la acusación se formuló a horas las elecciones elecciones Primarias Abiertas y Simultáneas (PASO) en ese departamento.