El aprovechamiento político y la apropiación de causas justas por parte de un sector partidario suelen ser contraproducentes. Adueñarse de ciertos conceptos que gozan de consenso social conlleva el riesgo de terminar relativizándolos.

Sólo por rivalidad, la idea general se distorsiona; se cuestionan acuerdos que solían ser irrefutables y se abre una nueva lógica de amigos y enemigos a partir del color partidario.

En definitiva, una causa noble termina siendo cooptada por un sector que la aprovecha para sus intereses particulares. Imposta interés, genera ruido en la comunicación y desvía el foco del debate y de la militancia genuina. Con la lucha contra la violencia de género en Mendoza, y con el femicidio de Florencia Romano en la agenda pública, se está dando ese fenómeno. Y es peligroso. Porque hay temas que no admiten discusión.

El Estado falló. O las herramientas con que cuenta el Estado no estuvieron a la altura de la época. La sola mención de la frase “violencia de género” en un llamado al 911 debería haber generado un alerta especial. Implica, de manera inequívoca, la posibilidad clara de que una mujer esté siendo atacada. No hay tiempo para dudar.

El gobierno actual, como representante de ese Estado que estuvo ausente, debe dar respuesta sobre esa acción en particular. Y revisar, en especial, por qué son subestimadas con frecuencia las denuncias que existen en el seno del Ministerio de Seguridad y del Instituto Universitario de Seguridad Pública. Por qué a las denunciantes se las tilda rápidamente de provocadoras, sin al menos hacer una investigación administrativa básica, objetiva e imparcial.

El problema va más allá del director de la Policía, Roberto Munives, y del ministro de Seguridad Raúl Levrino. En todo caso, son parte del problema. Uno importante, claro, porque tienen el poder de decidir qué sí y qué no.

No alcanza con el curso obligatorio de la Ley Micaela. Si no existe una decisión política de avanzar en ese sentido, no es más que un diploma decorativo.

En los últimos diez años, un centenar de mujeres fueron asesinadas en Mendoza. Las mataron por eso, por ser mujeres. En el reparto estadístico, no hubo grandes variaciones entre gobiernos peronistas y radicales ni conmoción política cuando, por ejemplo, en 2012 se produjeron 15 femicidios. Tampoco en 2016, cuando esa cifra se elevó a 21.

Eso cambió con el crimen de Florencia. La oposición reaccionó e intentó apoderarse del tema. Encontró allí una hendija por donde entrarle al oficialismo.

Es una situación que causa malestar en los movimientos feministas. Se oponen sistemáticamente a quienes, en su nombre, levantan la bandera del punitivismo o buscan algún tipo de rédito partidario y electoral.

Lo sienten como una apropiación y como un manoseo porque ensucian la lucha que están dando desde hace años en todos los ámbitos. Y si algo caracteriza a los movimientos como el colectivo #NiUnaMenos, es la pluralidad con que se manejan. Su composición es variopinta, pero ninguna de las integrantes antepone sus intereses partidarios por sobre una causa que, en definitiva, es un denominador común.

No se sienten cómodas cuando, sin consentimiento, alguien pretender actuar en nombre de ellas. Por eso reaccionaron rápido la tarde los de incendios; porque comprendieron que estaban ensuciando una marcha auténtica, que tenía que como objetivo concientizar para que, justamente, ninguna más sea víctima de la violencia.

Al menos así se expresan de manera individual. En el plano orgánico, la política las cruza de manera transversal.

Florencia es la excusa. Lo que persigue la oposición es una estrategia de desgaste que tiene como objetivo horadar al gobierno de Rodolfo Suarez, que suele quedar entrampado en las manifestaciones populares.

El oficialismo no ha logrado encontrar la vuelta a estos conflictos. Si saca a la policía a la calle, será acusado de represor, y quiere evitar por todos los medios cargar con un muerto en ese contexto. Si no lo hace, plantea un estado de anomia que pone en indefensión a todos los mendocinos, tal como ocurrió el viernes pasado cuando fueron atacados los edificios de Tribunales, Casa de Gobierno y Legislatura. La oposición lo sabe y aprovecha.

Desde el perokirchnerismo, cuando salen de la postura partidaria dura, reconocen que sí, que tal vez hubo un uso excesivo de redes sociales luego del caso Florencia. Que muchos usaron ese recurso para manifestar una indignación real, natural tras un hecho de estas características. Y que, de todos modos, es un detalle en comparación con el tema en cuestión: “Hay mucha bronca y mucho dolor. El CEO tiene que funcionar bien, esté quién esté en el gobierno”.

Pero también advierten que no hay instancia de diálogo. La llegada a Suarez es cada vez más difícil y solo se puede hablar con Mario Abed. “Y ni así podemos hacer que funcione la Bicameral de Seguridad. De haber estado conformada, tal vez ni pedíamos la presencia de Munives y Levrino, sino que íbamos a buscar la información nosotros al CEO”, aseguran.

En el Gobierno prefieren ser escépticos. No creen que el problema sea la Bicameral, aunque dicen que está todo dado para poder darle forma. Entienden que el objetivo es otro. Por eso aprobaron todos los pedidos de informes, “pero no vamos a entregar a Munives ni a Levrino. No quieren convocarlos para que rindan cuentas. Quieren pedirles la renuncia. No lo vamos a aceptar”.

Y aclaran: “Es cierto que muchos hablan con el Mario (Abed), pero varios también lo hacen con Suarez. El problema es que no se tienen confianza entre ellos”.

El femicidio de Florencia Romano debería generar un quiebre para trazar lineamientos concretos y establecer políticas de Estado contra la violencia de género.

Desde el Gobierno, es tiempo para repasar los errores y corregirlos. Identificar a los responsables políticos y funcionales. Y actuar en consecuencia; sin especulaciones. Rendir cuentas es parte de la democracia.

Para la oposición, es la oportunidad de discutir a nivel institucional. Elevar a calidad del debate. Madurar y dejar de lado el carancheo político en las redes sociales.