La Justicia rechazó, finalmente, ayer, aquel planteo llamativo de un grupo de abogados locales que pretendía que se declarase inconstitucional la disposición del gobierno de Rodolfo Suarez, de ordenar las salidas de compras de los mendocinos según el número final del Documento Nacional de Identidad; una medida que el Ejecutivo provincial dejó fija y estipulada por decreto en medio de la pandemia de coronavirus para evitar –según se argumentó– el aumento de personas circulando por las calles.

Los abogados que fueron contra el decreto, el 563/2020, en verdad, además de decidir una apelación que tenían previsto presentar ayer mismo por algún vicio que han creído ver de nulidad en el fallo de la jueza Marcela Ruiz Díaz, del Segundo Juzgado de Gestión Asociada –la autora de la sentencia–, están convencidos de que tanto el rechazo a la inconstitucionalidad como el día en el que se dispuso darlo a conocer están íntimamente ligados con las críticas que recibió la nominación de María Teresa Day a ocupar el cargo de ministra de la Corte que ha dejado vacante Jorge Nanclares, quien renunció a comienzo de semana para jubilarse.

Para Omar Fornetti, el abogado que ha asumido la voz cantante de los nueve profesionales que han ido contra el decreto regulatorio de las salidas de los mendocinos, la sentencia “busca tapar los cuestionamientos severos en contra de María Teresa Day porque ella no cumple con los diez años en ejercicio de la profesión como abogada y los ocho como magistrada que fija el artículo 152 de la Constitución. El cargo de Day (coordinadora del Ministerio Público Fiscal) está inventado, no es magistrada, y por eso creo que, además, se han apurado a dar a conocer esta sentencia”. En la misma línea de Fornetti se había manifestado durante el día el constitucionalista y ex ministro de la Corte Alejandro Pérez Hualde.

Estaba cantado que, en medio de las tensiones que ha provocado la pandemia de coronavirus, –agudizadas por el confinamiento, los problemas económicos, el malhumor generalizado, la incertidumbre y las preocupaciones varias–, la política y las conjeturas de todo tipo no perderían la oportunidad de manifestarse a rienda suelta tras el anuncio del gobernador nominando a Day para el cargo en la Corte. Day es y ha sido una funcionaria que no ha pasado inadvertida en el Judicial. Tampoco, ella le ha escapado a las críticas. “Sé a lo que me expongo y tengo respuestas a las críticas”, dijo ayer, por caso, en el programa Opinión, en LVDiez.

Por eso, no extraña, tampoco, que los abogados vinculen la sentencia negativa al pedido de inconstitucionalidad con la discusión que gana volumen sobre el caso de Day. Al adelantar la apelación, Fornetti aclaró que en el amparo contra el decreto de Suarez nunca pusieron en duda si la norma “es razonable o no y tampoco discutimos si hay emergencia o no. El fallo plantea cuestiones que no están en el amparo. Nosotros, lo que pedíamos, y en lo que vamos a insistir, es en la inconstitucionalidad, porque entendemos que el gobernador no tiene facultades para decidir lo que dispuso, más allá de la razonabilidad o de la emergencia”.

Está claro que los abogados seguirán litigando, en este caso, con la apelación al fallo de la jueza Ruiz Díaz y mientras el sistema se los permita. Quizás, el asunto se transforme, con el paso del tiempo, en una anécdota o, como le está sucediendo al gobierno de Suarez con varios temas que parecen de resolución fácil y sin demasiadas complejidades, en más que un dolor de cabeza. Allí figuran el debate en el inicio de la gestión sobre el cambio de la matriz productiva de la provincia; y, más tarde, la discusión sobre el endeudamiento de la provincia, la herencia que le dejó Alfredo Cornejo al actual Gobierno, y el pedido del famoso roll over que la oposición no lo permitiera. Se verá con el paso de los días.

Sin embargo, en lo que no habrá dudas, es en la tormenta que parece avecinarse en torno a la aspirante a la Corte y si cumple con lo que dispone la Constitución en el artículo 152. La oposición, además, se dispone a dar una batalla política en torno a Day porque creen que se involucró demasiado, desde su cargo en el Ministerio Público Fiscal, cuando la fiscal Gabriela Chaves investigaba a los miembros de la organización kirchnerista Tupac Amaru y sus maniobras financieras dudosas con los fondos destinados a las viviendas sociales. En concreto, una historia que recién comienza a escribirse.