Hasta hace unas semanas, la Suprema Corte retaba, sugería, recomendaba. Como mucho. Pero no más que eso. La relación con el resto de los juzgados era algo esquiva, distante. La Corte se dedicaba a sus asuntos, que no siempre están vinculados con la justicia, y evitaba entrar en roces virulentos con el resto de los magistrados. Ese pacto de no agresión le convenía a ambos. Cualquier situación de conflicto los dejaba en una posición incómoda.

La decisión de hacer un traslado de personal del fuero Civil al de Familia rompió el status quo. Hubo un código invisible que se violentó y que despertó la guerra menos pensada en el poder del Estado que debería ser la última garantía de constitucionalidad y transparencia.

La Corte se convirtió en los últimos años en un bastión de intereses políticos en pugna. Como nunca, sus miembros se ubicaron de un lado o del otro de la grieta. Cada tanto, algún fallo dejaba ver algo de pericia y técnica jurista de sus integrantes más encumbrados. Incluso así, siempre aparecía un fallo en disidencia –perfectamente fundamentado- para marcar la diferencia entre las dos facciones. En el medio, casi como una figura que le sirve a ambos sectores, aparece el presidente, Jorge Nanclares, una suerte de neutral y con un rol que apunta a la representación institucional.

La pelea es ideológica y filosófica, mas no personal. Cuando es necesario, las respuestas llegan al unísono y de manera corporativa. No hay traiciones en ese sentido. Lejos de eso, suelen moverse con un espíritu de cuerpo que pocas veces se ve en el mundo político. La explicación es lógica: a la hora de defenderse, el cruce de firmas en las acordadas es clave. Después, cada uno a su juego.

Los jueces de instancias inferiores conocen perfectamente esta realidad. De hecho, algunos de ellos son los encargados de militar políticamente en los pasillos de Tribunales a su ministro de referencia. La disputa más popular suele darse en el ámbito Penal; especialmente, porque es la más mediáticas de todos. Allí, el garantismo y el punitivismo chocan a diario. En el resto de los fueros no es muy diferente, aunque menos notorio.

Al Poder Judicial, en su totalidad, nadie lo controla. No importante si un juez –de cualquier índole y jeraraquía- o un fiscal cometen errores groseros. Todo se tapará oportunamente si la persona implicada tiene los contactos políticos necesarios para que una denuncia no avance en el Jury de Enjuiciamiento. Habrá traslados o sanciones administrativas intrascendentes. Tirones de oreja. Pero no más que eso. Y si acaso existiera una destitución, es porque antes no hubo acuerdo político.

Uno de los puntos débiles está en el doble discurso de transparencia en la incorporación de personal. Por un lado, la publicidad de concursos de ingreso, como una garantía para evitar acomodos y nombramientos a dedo. Por el otro, el artilugio legal de nombrar gente mediante acordada y que entra al Poder Judicial con el escalafón más bajo del personal no profesional, para luego, a partir de allí, trepar y crecer en la estructura.

En Tribunales todos los saben, pero también todos lo callan. No era tema, hasta que el supuesto movimiento sutil de personal provocó una ruptura.

Los jueces y juezas copiaron a la Corte y decidieron moverse de manera corporativa. Pegaron justamente en ese lugar. Un grupo de magistrados presentó un pedido formal de acceso a la información pública para saber la cantidad de nombramientos y cuáles fueron los funcionarios equiparados a magistrados. Es decir, quiénes son las personas que pasaron a cobrar y a tener los privilegios que tienen los jueces, pero sin ser jueces.

Estas designaciones tuvieron originalmente como fundamento poner en una misma condición a aquellas personas que por su actividad tenían un rol tan importante como el de redactar fallos. Un ejemplo, el titular del Cuerpo Médico Forense, que encabeza una institución científica con una asignación de recursos y de pericia tal que es equivalente a la de algunos jueces.

El problema surgió cuando comenzaron a crearse secretarías o direcciones sin valor relevante, y a pesar de ellos, sus responsables fueron equiparados a magistrado; muchos, familiares de miembros o ex miembros de la Corte; parejas o amigos. Sus tareas son meramente administrativas, pero de ese modo acceden a sueldos que superan largamente los cien mil pesos.

El pedido de acceso a la información pública tiene como objetivo pedirle a la Corte que explique cuántos funcionarios tiene. De ese modo quieren demostrar que, si tal como se expresó el máximo tribunal, está sobrando gente en el fuero civil en proporción al trabajo qué tiene, por qué la Corte sigue sumando funcionarios. En todo caso, podrían sacarlos de allí y mandarlos al fuero de Familia, con una salvedad: ya no sería como equiparados a magistrados, sino como funcionarios comunes, y esto implicaría una sensible reducción salarial que, en este caso, no sería ilegal. La figura de “equiparados a magistrados” es similar a la un cargo político. Por lo tanto, se los puede desafectar.

Habrá que ver si los jueces que decidieron rebelarse dan el siguiente paso: peinar el listado de nombramientos y designaciones y mostrar a quién responde cada una de esas personas. Hacer el mapa de la mentada familia judicial con el riesgo de saber que puede incluirlos a ellos también. Y ahí sí no hay marcha atrás.