La denuncia hecha por el fiscal que investiga el atentado a la AMIA contra la presidenta Cristina Fernández y el canciller Héctor Timerman es un duro golpe institucional que va más allá de las especulaciones políticas que pueden hacerse.
La memoria de las víctimas, de los familiares y de la sociedad argentina en general, exige una investigación seria y que se conozcan qué pruebas existen para fundamentar esta denuncia y cuál es la información sobre el atentado.
Y mientras se hacen hipótesis sobre pruebas internacionales, jamás se investigó cuál fue la conexión local: un factor común que caracterizó a todos los gobiernos de 1994 hasta hoy.
El año pasado se cumplieron 20 años del ataque. Son dos décadas en las que, lejos de haber justicia, sólo ha existido impunidad.