En Nicaragua, las prostitutas pueden ejercer como facilitadoras judiciales, descritos por la Corte Suprema como auxiliares de la Administración de Justicia que además pueden actuar como mediadores en los casos donde la ley admite la mediación para resolver conflictos.
“No juzgan los casos, no son defensores ni fiscales, sino son un puente de comunicación entre operadores de justicia y su comunidad/barrio“, se explica en el portal de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (CJS). “Se trata de un servicio voluntario basado en el liderazgo y el espíritu comunitario para un mejor proceso de acercamiento hacia la justicia”.
Y, con su inclusión en el programa –que opera desde 1998– las trabajadoras sexuales organizadas de Nicaragua esperan poder garantizar una mayor dosis de justicia para una población muchas veces olvidada, a menudo discriminada o estigmatizada.
“Si se trata de casos leves, podemos mediar (entre las partes en conflicto)”, explicó María Elena Dávila, quien se dedica a la prostitución y asegura que Nicaragua “es el primer país de Latinoaméricay del mundo” en acreditar a trabajadoras sexuales como facilitadoras judiciales.
“Y si no, entonces les damos acompañamiento a las compañeras para garantizar que se haga justicia”, agrega la presidenta de la Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Girasoles, una organización fundada en noviembre de 2007 que ya cuenta con más de 2.300 integrantes.
Dávila estima que hasta la fecha las trabajadoras sexuales capacitadas por la CSJ ya han intervenido “en unos 15, 20 casos”.
Efectivamente, según el artículo 57 del Código Penal, la mediación procede en el caso de faltas, delitos imprudentes o culposos, delitos patrimoniales cometidos entre particulares sin mediar violencia o intimidación, y los delitos sancionados con penas menos graves.