Acorralado. Prácticamente, sin salida. Su abogado defensor renunció cuando la Suprema Corte no hizo lugar a un recurso de casación y ahora deberá sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio por jurado, arriesgando prisión perpetua. Patricio Emiliano Garrido tiene 28 años y es conocido por ser el yerno de la jefa narco condenada Sandra Jaquelina Vargas (47), la popular Yaqui, del oeste de Godoy Cruz. Desde hace años, viene siendo marcado por integrar bandas juveniles que generan terror en las barriadas de ese sector.
Garrido, conocido como el Negro, quedó detenido desde el 8 de abril del 2021 por el asesinato de un joven de 18 años llamado Lucas Ariel Torres. El 17 de diciembre del 2020, la víctima fue acribillada a balazos cerca del cruce de calles Illia y Chapadmalal, en el popular Campo Papa. Está sospechado de pasar el arma a otro sujeto para que un tercero terminara ejecutándolo.
Mientras respondía tras las rejas en esa causa, la fiscal de Homicidios Andrea Lazo reactivó otro expediente que lo ubicaba como principal sospechoso y se inició luego de un hecho ocurrido el 11 de noviembre del 2018 en calle Salvador Arias: el doble intento de homicidio de Miguel Ángel Valdivia y su hijo Mariano.
Miguel Ángel murió en enero del 2021. Este hombre, quien había sido pareja de una de las hermanas de la Yaqui (Silvina Natalí Vargas), nunca pudo recuperarse de esas lesiones y falleció en el Hospital Central, tal como señalaron a este diario desde su entorno.
En la instrucción no se pudo determinar que su muerte estuviera relacionada con los cinco balazos que recibió en distintas partes del cuerpo. Pero esto no fue impedimento para que la investigadora judicial avanzara con la incorporación de pruebas y acusando a Garrido por intento de asesinato.
Así las cosas, luego de apelaciones y oposiciones a cuanta resolución daba a conocer la fiscalía y dictaban jueces de primera y segunda instancia, Garrido se quedó sin su abogado defensor, Carlos Varela Álvarez.
De acuerdo con fuentes judiciales, la salida del letrado se dio luego de que el máximo tribunal de Justicia de la provincia desestimara el 21 de este mes, a través de los ministros Omar Palermo, José Valerio y Mario Adaro, un recurso de casación que tenía como máximo objetivo hacer caer el debate por el asesinato de Torres.
Se basaba, entre otros argumentos, en que se habían vulnerado el derecho de defensa y a un juicio justo y reclamaba “ser oído” por un tribunal “independiente e imparcial”. Los supremos entendieron que no sostuvo con argumentos sólidos lo que buscaba y por eso lo rechazaron.
Todos los casos
Desde que Garrido fuera detenido por estas causas, algunos testigos comenzaron a ser amenazados para silenciarlos. El Ministerio Público lo imputó a fines de abril del 2021 por el asesinato de Lucas Ariel Torres, un joven de 18 años que era conocido por hacerle frente a todo personaje que se relacionara con el Negro. La calificación fue por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
El crimen ocurrió cuatro meses antes de la captura, el 17 de diciembre del 2020 en el Campo Papa. Dos menores de edad y una chica que era pareja de Torres se transformaron en los testigos directos del caso. Marcaron a Garrido, a otro joven llamado Emanuel Emita Morales y a un menor conocido con el alias de Bebo, como autores del ataque.
Gracias a sus declaraciones y otras pruebas, los detectives de Homicidios reconstruyeron el hecho. Sostiene que Garrido llevaba una pistola calibre 9 milímetros, se la pasó al Emita Morales y este al Bebo, quien se transformó en el autor de los disparos contra Torres.
La teoría del caso quedó confirmada el 5 de octubre del 2021, cuando Morales reconoció el homicidio en un juicio abreviado y fue condenado a 10 años y ocho meses de cárcel. Previamente, algunos testigos del caso habían resultado “llamativamente” baleados en diversos sectores del departamento. Este diario realizó un informe sobre cómo actuaban algunos personajes vinculados a los sospechosos para silenciar a los testigos.
En plena instrucción por ese hecho, un hijo de Miguel Ángel Valdivia, cuñado de la Yaqui e integrante de la banda que lideraba la mujer, decidió hablar ante los investigadores judiciales.
Lo hizo meses después de la muerte de su padre, en enero del 2021. Poco más de dos años antes, Valdivia fue baleado cinco veces cerca de su domicilio. Salvó su vida de milagro y prefirió no aportar demasiados detalles a la policía por los códigos barriales.
El Cabezón, como lo apodaban, buscaba vengarse en algún momento. Pero los proyectiles que recibió le impidieron llevar una vida normal.
Luego de su muerte, su hijo, quien también se llama Miguel Ángel, declaró ante la Justicia y aseguró que el Negro Garrido había sido el autor de los disparos contra su padre y un hermano por algunos problemas que mantenían. Por eso, la fiscal Lazo lo imputó por doble intento de asesinato.
La reconstrucción sostiene que la madrugada del 11 de noviembre de 2018 a las 0.30, Garrido se dirigió hasta el domicilio de los Valdivia, en la manzana G del Campo Papa. Portaba una pistola y encontró a Miguel Ángel Valdivia en la vereda de la vivienda.
En ese momento comenzó a dispararle. Cinco plomos alcanzaron a la víctima, provocándole heridas en la mano izquierda, en la rodilla izquierda, en el abdomen y en el muslo derecho, sufriendo una fractura de fémur.
En ese instante intervino Mariano Valdivia Ortiz, en defensa de su progenitor. Garrido apuntó contra el chico, quien hoy tiene 19 años. Un amigo –y también testigo–suyo lo empujó y lo sacó de la línea de fuego, salvando su vida de milagro porque el proyectil terminó impactando contra el portón de la casa.
La “guerra” en el oeste godoicruceño por todos estos conflictos continuó el 9 de noviembre del 2021: Miguel Ángel Valdivia hijo, luego de señalar al Negro Garrido en el expediente por el intento de homicidio de su padre, fue atacado a balazos mientras se encontraba con un amigo en el Campo Papa.
El joven sufrió heridas de gravedad. Para los investigadores –esa causa quedó en manos de la fiscal Claudia Ríos– se trató de un claro ajuste para silenciar a los testigos que declaraban en expediente que mantiene tras las rejas a Garrido.