La mañana del martes 23 de febrero del 2016 se produjo un secuestro extorsivo en Mendoza. Toda esa jornada, efectivos de Investigaciones –principalmente los de la División de Antisecuestros Extorsivos– desarrollaron diversas tareas para rescatar a la víctima una vez que ingresó la denuncia. Se trataba de la hija de un empresario dueño de una distribuidora de bebidas con base en Las Heras, que por aquellos días tenía 26 años. La banda que privó de la libertad a la mujer exigía medio millón de dólares a cambio de su vida.
Después de 14 horas de preocupación y dos diferentes pagos de 414.000 pesos y 1.000 dólares; y de 201.000 pesos y 15.000 dólares, la joven fue liberada cerca de la Rotonda del Avión, en Las Heras.
El caso se elevó a juicio en los Tribunales Federales y diez sospechosos fueron juzgados. Entre ellos estaban los cabecillas de la organización (algunos, oriundos de Buenos Aires), cuatro efectivos de la Policía de Mendoza que tuvieron un rol fundamental para que el secuestro se consumara y dos acopiadores de armas de la banda. Todos terminaron condenados: recibieron penas que partían desde tres años y tres meses hasta 18 años de cárcel.
Uno de los uniformados, el que recibió la pena más elevada, fue identificado como Aníbal Damián Luna Cepeda. Fue considerado fundamental para que la gavilla tuviera el control del secuestro porque facilitó una radio Tetra de la Comisaría 49ª de Maipú y le dieron 14 años por ser considerado partícipe necesario del delito de secuestro extorsivo.
El aparato tenía dañado el sistema de posicionamiento global, se desprendió de la investigación que lideró el fiscal federal Fernando Alcaraz, pero sirvió para que los integrantes de la banda escucharan los movimientos de los investigadores mientras mantenían oculta a la víctima.
Luna fue detenido horas después del secuestro, pero sólo estuvo cuatro años en la cárcel: el 23 de marzo del 2020 se transformó en uno de los primeros internos federales locales en recibir el beneficio de la detención domiciliaria porque sufría una patología considerada de riesgo cuando se inició la pandemia por el Covid-19, asma.
Pasaron los años y Luna continuó purgando su pena en la casa de su madre a pesar de que la enfermedad respiratoria que sacudió al mundo ya no era un problema. Sin embargo, en los últimos días, el beneficio se terminó: la Secretaría de Ejecución Penal del Tribunal Oral Federal Nº2 le recovó la detención domiciliaria provisoria que había recibido y ordenó que pase a una cárcel porque había sospechas de que había violado el régimen.
De acuerdo con la información a la que accedió El Sol, Luna Cepeda sólo tenía controles personales en la vivienda donde se encontraba. No contaba con pulsera electrónica. El jueves a las 6 mañana, la Justicia lo fue a buscar pero nadie respondió a los llamados cuando golpearon a su puerta. La orden era irrumpir a través de la fuerza pública, pero los uniformados que llegaron hasta el domicilio esperaron un rato en la casa de un vecino, quien les permitió ingresar.
Una hora y media después, escucharon movimientos en la casa de Luna e insistieron en el llamado. Esta vez, Luna respondió y le notificaron la resolución que disponía que debía volver a la cárcel. A las pocas horas se realizó una audiencia en los Tribunales de calle España y Pedro Molina.
Luna fue notificado de la decisión personalmente y se mostró resignado. Hasta reconoció que había violado la prisión domiciliaria, tal como sospechaban las autoridades judiciales. De acuerdo con las fuentes que hablaron con este diario, dijo que tuvo que salir a trabajar mientras se encontraba con domiciliaria porque su esposa y su madre presentaban problemas de salud.
A pesar de esto, otras fuentes del entorno de Luna, quienes aseguraron conocer su accionar, negaron la versión que dio ante la Secretaría de Ejecución Penal. Detallaron que “fue visto en un boliche, manejando un auto, en el Aeropuerto y hasta haciendo un asado en El Carrizal”, durante los casi tres años que permaneció cumpliendo la pena en su vivienda, “cuando debería haber estado en la penitenciaría”.
Papel principal
El juicio por el secuestro de la hija del empresario, que se celebró en el Tribunal Oral Federal Nº2 con los jueces Héctor Fabián Cortés, María Paula Marisi y Alberto Daniel Carelli, duró cuatro meses y contó con la declaración de varios de los protagonistas de la historia.
Tanto la víctima como su padre explicaron cómo se produjo el hecho y los duros momentos que tuvieron que atravesars. La joven relató que, en la mañana del 23 de febrero del 2016, salió de su casa a las 8.15 para dirigirse a la empresa familiar, ubicada en el zona industrial de Las Heras, cuando fue abordada por un Honda Civic blanco en el callejón Santa Rita. En ese momento entró en escena otra parte de la banda, que se movilizaba en una Ford EcoSport.
Le apuntaron con un arma y la subieron al auto. En el rodado había un chaleco de la Policía de Mendoza. Le pidieron un número de teléfono y les dio el de su padre. En ese momento comenzaron a llamar al empresario para exigirle medio millón de dólares a cambio de su hija.
La víctima fue golpeada y amenazada. Su padre hizo dos pagos de dinero pero la banda de secuestradores exigía más. Después 14 horas de encierro, la joven fue liberada en las adyacencias de la Rotonda del Avión.
Con el paso de las horas, los detectives de Investigaciones identificaron a la banda. Así fue como fueron cayendo Carlos Alberto Fernández, Fernando Alfonso Lira, Héctor Matías Quinteros y Pablo Andrés Bustos. También atraparon a cuatro policías: tres de la Comisaría 49ª de Maipú (Marcelo Amaya, Néstor Miranda y Fabio García) y uno de la Unidad Especial de Patrullaje de Guaymallén, Aníbal Luna Cepeda.
Este último habló en la causa y en el juicio. Dijo que tenía deudas de droga con Lira (le debía 15.000 pesos) y que había consumido una piedra de cocaína que le había dejado. Agregó que la solución para pagarle era conseguirle una radio Tetra porque Lira tenía pensado hacer “unos trabajos” con unos conocidos. Luna dijo que se contactó con sus ex compañeros de la Comisaría 49ª y acordó pagarles 2.000 pesos por cada día que la radio no se encontrara en la dependencia.
Algunos no creyeron la versión de Luna y entendieron que era parte de la banda. Más allá de sus dichos, terminó siendo condenado a una dura pena. Ahora, luego de haber violado el beneficio de la domiciliaria, deberá volver a la cárcel. Hasta este martes continuaba alojado en la U-32, el centro de detención federal, debido a que no había cupo en el pabellón destinado a ex integrantes de fuerzas de seguridad. Ante eso, se analizaba ser derivado a otra provincia.