Nelson "Chirola" Pizarro y el "Cabezón" son dos de los cinco procesados de la causa.

El año pasado, se confirmó que dos reconocidos narcos condenados por intentar traer a Mendoza casi 50 kilos de cocaína habían sido procesados también por lavado de dinero. Nelson Fabián Pizarro Quintero (57), Edgardo Daniel Sánchez Aguilera (52) y tres hijas de este último quedaron acusados de presuntamente destinar dinero obtenido del narcotráfico a la compra de vehículos, inmuebles y otros bienes registrados a su nombre o al de familiares directos.

Tal como sostiene el caso, Pizarro Quintero y Sánchez Aguilera fueron sentenciados por transporte de drogas a 8 años y medio y 6 años de cárcel, respectivamente, en la que se probó que trasladaron un cargamento desde Córdoba a Mendoza con el apoyo de otros personajes en un debate federal que culminó en agosto del 2022.

Con base en esa investigación, se detectó un incremento patrimonial que el Ministerio Público, a cargo de Fernando Alcaraz, vinculó al origen ilícito del dinero.

De acuerdo con la instrucción, ambos actuaron de manera similar: Pizarro habría aplicado las ganancias en la adquisición de autos de alta gama, mientras que Sánchez Aguilera las habría canalizado hacia propiedades y también automotores, en algunos casos con intervención de sus hijas, en una operatoria destinada a blanquear el capital, tal como reveló El Sol en informe el año pasado. Ahora, los cinco procesados están a pocos días de sentarse en el banquillo ante un Tribunal Oral Federal.

En el caso de Pizarro Quintero, la fiscalía señaló como bienes de origen sospechoso un BMW dominio HBQ670 y un Citroën C4 dominio HON488. El primero, según la hipótesis acusatoria, fue adquirido con fondos del tráfico de drogas, mientras que el segundo estaba asegurado a nombre del imputado, lo que -según los investigadores- evidenció su verdadera titularidad pese a que figuraba a nombre de su padre.

En cuanto a Sánchez Aguilera, el fiscal Alcaraz cuestionó la compra de dos lotes en Guaymallén, una camioneta Toyota Hilux y vehículos a nombre de dos de sus hijas. La investigación agrega que estos bienes fueron pagados con dinero sin respaldo documental lícito, pese a que la defensa invocó ingresos provenientes de comercios, venta de ropa y otras actividades informales.

Una de las hijas del Cabezón Sánchez –señalado como barra del club Gimnasia y Esgrima de Mendoza- dijo que registró un Peugeot 208 a su nombre, adquirido mediante un plan de cuotas. Alegó que lo pagó con ingresos por trabajos como kinesióloga y venta de ropa, mientras que una hermana dijo que compró un Volkswagen Gol Trend con ahorros propios y también mediante un plan de ahorro.

La tercera hija, en cambio, no declaró durante la instrucción. Sin embargo, la fiscalía la incluyó en la imputación al señalar que figuraba como titular de la Toyota Hilux comprada por su padre.

Los acusados plantearon que sus bienes tienen origen en actividades comerciales legítimas. Pizarro Quintero dijo que fue organizador de eventos musicales y dueño de locales bailables entre 2013 y 2018, que obtuvo ganancias de esas actividades y que incluso había ganado sumas importantes en casinos; esto vinculado además porque existe la sospecha de que adquirieron 10 mil dólares con la venta de drogas.

Sánchez Aguilera por su parte, explicó en la indagatoria que trabajó desde joven en comercios familiares, tuvo un minimarket, locales de ropa, e importaba prendas desde Chile y Buenos Aires. Añadió que algunos bienes fueron adquiridos como regalos para sus hijas y que utilizaba vehículos con tarjeta azul para viajes de compras.

Los vehículos secuestrados.

Los testigos presentados por la defensa fueron, en su mayoría, vecinos, amigos o familiares, quienes respaldaron la versión de que vivían del comercio informal, venta de ropa y eventos. Sin embargo, la fiscalía remarcó en el requerimiento de elevación a juicio que ninguno aportó documentación que acreditara ingresos formales suficientes para justificar las operaciones.

En algunos casos, los propios testimonios resultaron contradictorios. Una testigo dijo que una de las acusadas había adquirido su vehículo con ahorros, y no en cuotas como afirmaron otras, mientras que otro declaró que habló directamente con una hermana sobre el pago de su auto.

La fiscalía subrayó que las hijas de Sánchez Aguilera recién se registraron ante el fisco en 2019, pese a haber realizado compras significativas años antes, y que los planes de ahorro para los vehículos fueron posibles por aprobaciones financieras sin respaldo económico acorde.

Para los pesquisas, se sumó “un cúmulo probatorio suficiente” para vincular los bienes al dinero ilícito proveniente del narcotráfico, aplicado deliberadamente en el mercado legal con el fin de otorgarle apariencia lícita.

No se verificaron, según se desprende de la acusación, causales de justificación, inimputabilidad o inculpabilidad que eximan de responsabilidad penal a los acusados. Para Pizarro Quintero la imputación se encuadra como autor, mientras que para Sánchez Aguilera y sus hijas se postula coautoría en un plan común de lavado.
Todo esto será debatido en juicio oral, donde las defensas sostendrán que los bienes provienen de actividades legales y no del tráfico de estupefacientes, como afirma la fiscalía.

Familia del mundo narco mendocino

Nelson “Chirola” Pizarro no era un desconocido para las fuerzas de seguridad ni para la Justicia federal. Su figura estaba vinculada a la movida tropical y los locales nocturnos de Mendoza, pero también tenía un historial penal por narcotráfico. En 2011, fue detenido junto a una banda que intentaba traficar 225 kilos de marihuana hacia Chile, lo que marcó su primer gran antecedente judicial en el mundo del narcotráfico.

La familia de Pizarro tampoco estaba ajena al delito. Otros hermanos, como Hilda, alias “Doña”, y Diego, cuentan con condenas relacionadas con actividades ilícitas. Hilda fue condenada en una causa donde también está involucrado su hijo Jonathan, quien también volvió a ser detenido.

La investigación que derivó en la última detención de Pizarro y su banda se basó en meses de escuchas telefónicas y seguimientos encubiertos de efectivos de la División Robos y Hurtos de Investigaciones.

Los policías detectaron que estaban preparando una operación de tráfico de drogas, que incluyó un viaje a Córdoba para cerrar un acuerdo con el proveedor Luis Wilder Zalazar, quien trasladó la droga desde el norte del país. El 5 de agosto de 2019, la banda emprendió el regreso a Mendoza en tres vehículos, todos monitoreados por la policía que preparaba un operativo para interceptarlos en el Arco Desaguadero.

La madrugada del 7 de agosto, las fuerzas interceptaron primero un Toyota Avenis con Pizarro y un conocido barra brava, incautándoles teléfonos y dinero. Después detuvieron una VW Saveiro donde encontraron 47 kilos de cocaína ocultos bajo el cobertor, listos para la venta.

El tercer vehículo, un BMW conducido por Zalazar y un cómplice, perdió contacto con el resto y fue capturado en Lavalle. Así, todos los integrantes quedaron a disposición de la Justicia federal, que los condenó por el intento de ingreso del millonario cargamento a Mendoza.